Dentro del proceso de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto que modifica la intervención sectorial vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la PAC, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA reclaman al Ministerio de Agricultura ayudas directas a las inversiones en explotaciones vitícolas, condicionar todas las ayudas al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y ampliar las ayudas ante los daños que provocan los conejos en los viñedos.
Las organizaciones profesionales agrarias han propuesto la inclusión de una nueva intervención en base al artículo 58, apartado m) del Reglamento UE 2021/2115 de 6 de diciembre de 2021 relativo a los planes estratégicos: “Inversiones en activos materiales e inmateriales destinados a mejorar la sostenibilidad de la producción vitivinícola”. Las OPA piden incluir una medida de inversiones en explotaciones dentro de la Intervención Sectorial del Vino (ISV), lo que “supondría una especial oportunidad de gran utilidad tanto para el objetivo de incrementar su competitividad y rentabilidad, como para mejorar su sostenibilidad económica, social y ambiental”.
En base a lo establecido en el Reglamento UE 2021/2115, esta intervención se basaría en inversiones destinadas a actuaciones como la mejora del uso y la gestión del agua; la conversión a la producción ecológica; la introducción de técnicas de producción integrada; la adquisición de equipos para métodos de producción de precisión o digitalización; la contribución a la conservación del suelo y la mejora de la retención del carbono del suelo; la creación o preservación de hábitats favorables a la biodiversidad o el mantenimiento del paisaje, incluida la conservación de sus características históricas, y la mejora de la gestión de residuos.
En segundo lugar, las organizaciones agrarias han propuesto el establecimiento de condicionantes en las diferentes medidas dentro de la intervención sectorial vitivinícola (ISV) incluida en el PEPAC: la reestructuración y reconversión de viñedo, las inversiones en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícola (inversiones en bodegas), las actividades de promoción y comunicación en países terceros y la eliminación de subproductos y cosecha en verde. “Consideramos que los solicitantes y potenciales beneficiarios de estas medidas, sean personas físicas y jurídicas; que estén sancionadas por incumplimiento grave o muy grave de la Ley de la cadena alimentaria no deben poder optar a ser beneficiarios de estas ayudas”, han señalado.
Por último, de cara a la protección ante los daños producidos por conejos, los viticultores reclaman ampliar la ayuda actual relativa a protectores a otros sistemas de prevención: vallados, ahuyentadores, posaderos de rapaces, hurones, etc.
