La Unió Llauradora ha exigido a la Generalitat Valenciana que ponga en marcha un Plan Valenciano de Actuación frente a parcelas agrarias abandonadas, infrautilizadas o sin mantenimiento adecuado, que generan afecciones directas sobre explotaciones profesionales, riesgos fitosanitarios y problemas ambientales y territoriales.
La organización profesional agraria denuncia que la Comunidad Valenciana sufre desde hace años un proceso sostenido de regresión de la actividad agraria en determinadas zonas y cultivos debido a factores estructurales como la baja rentabilidad, el envejecimiento de los titulares de explotaciones, la falta de relevo generacional o la fragmentación parcelaria. Sin embargo, el documento presentado por La Unió centra el foco en aquellas parcelas abandonadas cuya situación provoca externalidades negativas sobre terceros y sobre el interés general.
Entre los principales problemas detectados, destacan la proliferación de plagas y enfermedades vegetales, la expansión de malas hierbas y especies invasoras, el incremento de costes para las explotaciones profesionales colindantes, la pérdida de eficacia de las estrategias colectivas de control fitosanitario y el aumento del riesgo de incendios, especialmente en parcelas próximas a los bosques.
Asimismo, plantea la necesidad de superar el actual modelo reactivo basado únicamente en denuncias particulares y avanzar hacia un sistema preventivo y coordinado apoyado en herramientas tecnológicas de monitorización territorial, teledetección, SIGPAC y sistemas de información geográfica.
La propuesta solicita a las consellerias competentes la elaboración de un protocolo autonómico específico con criterios homogéneos para identificar y gestionar situaciones de riesgo fitosanitario, proliferación de vegetación invasora, riesgo de incendio o degradación funcional del suelo agrario. Además, demanda la creación de un mecanismo estable de detección temprana y actuación preventiva basada en riesgo objetivo, que permita identificar de forma anticipada parcelas problemáticas y activar actuaciones administrativas antes de que los daños se consoliden o propaguen.
Entre las medidas planteadas por la asociación, también figuran la creación de un canal simplificado de comunicación de incidencias, protocolos formales de coordinación entre Generalitat y ayuntamientos, actuaciones inspectoras prioritarias, mecanismos de ejecución subsidiaria cuando exista incumplimiento de obligaciones y la activación efectiva de instrumentos como bancos de tierras, cesión voluntaria, arrendamientos agrarios o fórmulas de gestión agrupada. Igualmente, propone constituir un grupo técnico estable de seguimiento con participación de la administración autonómica, entidades locales y organizaciones profesionales agrarias representativas.
La organización profesional agraria considera que este problema ya no puede abordarse únicamente como una cuestión privada vinculada a la titularidad de las parcelas, “sino como un asunto de interés público relacionado directamente con la sanidad vegetal, la seguridad territorial, la prevención de incendios y la protección de la actividad agraria profesional valenciana”.
