El Joint Research Center de la Comisión Europea ha publicado un exhaustivo informe técnico que evalúa el impacto de reducir al límite de cuantificación (LOQ) los límites máximos de residuos (LMR) de los plaguicidas más peligrosos ya prohibidos en territorio comunitario. En un escenario extremo donde los países exportadores decidieran no adaptar sus prácticas para cumplir con los LMR más estrictos, las importaciones agrícolas totales de la Unión Europea sufrirían una contracción del 41% en volumen.
Este desplome asimétrico, aunque incentivaría una expansión de la producción vegetal dentro del bloque europeo para sustituir los flujos interrumpidos, generaría fuertes tensiones de precios al consumo y un incremento masivo en los costes de alimentación para la cabaña ganadera. Por el contrario, si los productores de terceros países optasen por adaptar sus prácticas de protección de cultivos para cumplir con los LMR más estrictos, la caída de las importaciones comunitarias se amortiguaría notablemente, situándose en un 8% o incluso limitándose a un insignificante 0,4%, según el nivel de sustitución fitosanitaria y los costes asumidos para la adaptación de nuevas prácticas.
El informe del JRC, titulado Assessing the economic impacts of stronger alignment of production standards applied to imported products on the EU’s agricultural sector (Evaluación de las repercusiones económicas de una mayor armonización de las normas de producción aplicadas a los productos importados en el sector agrícola de la UE), parte de una innovadora base de datos que vincula la autorización de sustancias activas, el monitoreo oficial de residuos en frontera y los flujos comerciales internacionales. De las 976 sustancias activas no aprobadas actualmente en la UE, los científicos identificaron un subconjunto de ochenta sustancias que cumplen con los criterios de mayor peligrosidad bajo el marco regulatorio comunitario. Sin embargo, la aplicación de la medida de alineación de estándares se reduciría en la práctica a solo dieciocho sustancias activas, que actualmente mantienen al menos un LMR por encima del límite de cuantificación y que registran uso autorizado en el exterior o detecciones reales en las aduanas europeas. Entre estas materias activas se encuentran fungicidas de uso extendido como el mancozeb, el metiram o el dimethomorf, el insecticida spirodiclofen y el herbicida glufosinato. Estas sustancias inciden de manera directa sobre un universo de 235 productos agrícolas procedentes de 86 países exportadores, que abarcan más de 10.500 combinaciones teóricas de sustancia-cultivo-país, de las cuales solo la mitad tendría flujos comerciales en la actualidad.
Para evaluar las consecuencias de esta homogeneización de estándares fitosanitarios, los investigadores proyectaron tres escenarios diferenciados en el modelo matemático de equilibrio parcial CAPRI, cuyos resultados evidencian un impacto dispar entre la agricultura y la ganadería comunitaria. Bajo la hipótesis de una ‘no adaptación’ total de los productores externos, la drástica reducción de las importaciones de materias primas clave dispararía el coste de la alimentación animal, con un incremento del 87% en el coste de las tortas de soja y del 105% en sus precios al consumo. Esta asfixia de costes forzaría una contracción significativa del sector ganadero europeo: el informe estima caídas productivas del 5,8% en porcino y del 5,4% en avicultura. Por el contrario, los productores agrícolas comunitarios de cultivos mediterráneos experimentarían un estímulo de competitividad debido al vacío dejado por los exportadores externos. Bajo el escenario de no adaptación, la producción interna de cítricos se expandiría un 46,8%, la de uva de mesa un 29,7% y la de tomate fresco un 8,3%, con alzas en los precios al consumo del 85%, 83% y 8% respectivamente. Esta sustitución de importaciones, no obstante, trasladaría una fuerte presión inflacionaria a los consumidores europeos, quienes afrontarían encarecimientos del 332% en el café, del 85% en cítricos, del 83% en uva de mesa y del 8% en tomates frescos bajo este escenario rígido.
La sustitución de importaciones trasladaría una fuerte presión inflacionaria a los consumidores europeos
Sin embargo, en escenarios más plausibles, donde los productores externos adaptan sus estrategias fitosanitarias, el incremento de la producción comunitaria se moderaría notablemente: entre el 3,3% y el 0,3% en cítricos, entre el 2,2% y el 0,3% en uva de mesa, y se situaría en un 3% o un 0,3% en tomate fresco, limitando el repunte de precios al consumo a rangos de entre el 0,3% y el 6,5%, según el producto y el coste de adaptación asumido.
El informe técnico profundiza en la viabilidad agronómica y comercial de sustituir estas sustancias activas mediante análisis específicos como el del fungicida ciproconazol —un triazol del grupo de los inhibidores de la desmetilación (DMI) prohibido en la UE desde mayo de 2021— y el comportamiento de socios comerciales clave como Marruecos. En el mercado del tomate fresco, donde Marruecos concentra más del 70% de las importaciones comunitarias, la adopción de una política de ‘no adaptación’ implicaría la interrupción de sus envíos hacia la UE (325.000 toneladas), provocando un desvío masivo de sus flujos comerciales hacia mercados alternativos no comunitarios, principalmente el Reino Unido. En este caso, el sector productor marroquí mantendría sus volúmenes globales estables, pero recibiría menores precios promedio de venta, mientras que la producción de tomate dentro de la UE se incrementaría en un 8% para abastecer el mercado interno a costa de un aumento del 8% en el precio de consumo. Por su parte, si los productores optan por la adaptación fitosanitaria, los envíos marroquíes a la UE caerían de manera mucho más moderada (60%), limitando el repunte del precio del tomate comunitario al 3%.
Desde una perspectiva agronómica, la transición hacia una agricultura sin residuos de sustancias prohibidas como el ciproconazol es técnicamente viable gracias a la existencia de diez triazoles que aún permanecen aprobados en la UE —como el tebuconazol, el protioconazol, el difenoconazol o el metconazol—, así como de alternativas biológicas exentas de LMR. No obstante, el informe advierte de que el coste económico de esta sustitución química es sustancial; reemplazar este fungicida con el compuesto aprobado más económico (tebuconazol) eleva los costes directos de protección de cultivos entre un 100% y un 200%. Teniendo en cuenta que los costes de sanidad vegetal representan entre el 10% y el 20% de los costes específicos totales de producción, el agricultor externo experimentaría un incremento de costes específicos de entre el 20% y el 40% para mantener su acceso al mercado comunitario. Adicionalmente, los expertos del JRC advierten de que la progresiva reducción del catálogo de herramientas químicas utilizables a nivel global conlleva un riesgo agronómico latente: la pérdida de ingredientes activos con diferentes modos de acción dificulta la rotación fitosanitaria, acelerando la aparición de resistencias en las poblaciones de patógenos y comprometiendo el rendimiento y la seguridad alimentaria a medio plazo.
El estudio también resalta cómo los costes de adaptación tienen una gran variabilidad entre productos, sustancias activas y países, por lo que un análisis en detalle debería evitar usar hipótesis comunes para todas las combinaciones para poder conocer mejor el impacto de la reducción de LMR al LOQ.
