Miles de agricultores y un centenar de tractores confluyeron en el Edificio del Reloj del Puerto de Valencia para exigir a las administraciones un “cambio radical de las políticas agrarias y ambientales de la Unión Europea que están hundiendo la rentabilidad de los productores y poniendo en peligro la soberanía alimentaria europea”. ASAJA, COAG y UPA han convocado una tractorada por el centro de Madrid el próximo lunes, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Los tractores partirán desde el ministerio hasta la sede de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.
La tercera protesta conjunta del sector agrario valenciano en una semana, tras las movilizaciones en Castellón y Alicante, provocó importantes retenciones de tráfico en varias entradas de la capital del Turia, tanto a la entrada como a la salida de los vehículos agrarios. Convocada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), y con el apoyo de las Cooperativas Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, la protesta también contó con la participación de ASAJA Castilla-La Mancha y ASAJA Castilla y León.
Los organizadores pidieron la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tanto por las dificultades y las modificaciones de itinerarios a última hora que dictó a los tractores para llegar a la ciudad como por el desproporcionado uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en el puerto. Al inicio de la protesta, un indignado Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, denunciaba los cambios de itinerario y las dificultades que habían tenido los agricultores para acceder a la ciudad con los tractores. “La policía se ha plantado en Catarroja y ha impedido que los tractores vinieran a valencia. Somos los únicos a los que la policía no deja manifestarse. Es una clara muestra de la falta de democracia que tiene el gobierno civil y las personas que lo dirigen, como la delegada del gobierno, que ya va siendo hora de que dimita”.
La protesta, que coincidió con otra del sector agrario en el puerto de Algeciras, insistió en que la Administración “reoriente sus políticas dando prioridad a la agricultura europea sobre las normativas ambientales y basándose siempre en criterios científicos; establezca reciprocidad en todos los acuerdos comerciales con terceros países; endurezca los controles fitosanitarios en los puertos de entrada, sobre todo en el puerto de Rotterdam, para evitar la entrada de plagas y enfermedades; frene la prohibición de fitosanitarios sin alternativas eficaces y agilice la investigación de métodos no químicos; reduzca la burocracia, especialmente a las pequeñas explotaciones; flexibilice el cuaderno digital de explotación; y cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y seguimiento de la misma”.
Ante el cambio climático y el ciclo de sequía actual, las organizaciones agrarias solicitaron “cambios estructurales en los seguros agrarios como herramienta básica de renta y una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, así como un redimensionamiento de los caudales ecológicos”.
Además, pidieron medidas sectoriales como “ayudas directas a los sectores del vino y olivar para paliar las pérdidas económicas derivadas de la sequía y la guerra en Ucrania, ampliar las ayudas directas a los productores de almendra, cereales y ganadería, cerrar un acuerdo para una cláusula de salvaguarda automática del arroz y establecer un contingente a los países terceros mediterráneos para evitar que la totalidad de sus exportaciones citrícolas vengan a la UE por el problema bélico del Mar Rojo”.
Las entidades convocantes quemaron paja y lanzaron al suelo diversos productos agrarios que están sufriendo la crisis de rentabilidad, como naranjas, mandarinas, vino, almendras o cereales. Al término de la protesta, algunos manifestantes se dirigieron hacia el puerto con el objetivo de bloquear su acceso, pero la policía les cortó el paso provocando empujones e incluso la detención de un agricultor.
Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora, valoraba “el Maratón” de movilizaciones organizadas durante el mes de febrero. “El campo está dispuesto a pelear en la calle y está demostrándolo en todas las convocatorias, que están siendo masivas”.
A las organizaciones agrarias valencianas se sumaros otras de fuera de la Comunidad, como ASAJA Castilla-La Mancha y ASAJA Castilla y León, que protestaban, entre otras cuestiones, por “los precios ruinosos y totalmente injustos de los cereales y demás productos que entran por los puertos y que ocasionan grandes perjuicios a los productores españoles. Es inaceptable que los agricultores no puedan vender su cereal cuando los puertos están llenos de productos que llegan en condiciones inferiores. Los aranceles han sido eliminados y los productores españoles están hartos de pagar las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, principales graneros del mundo. De mantenerse esta situación, los cultivos de secano están abocados a la desaparición”.
Juan José Laso, presidente de ASAJA Guadalajara, explicaba los motivos por los que se han sumado a las protestas en el Puerto de Valencia: “Para reivindicar unos precios justos. Está el país lleno de grano ucraniano y entran por los puertos”.
“Falsa polilla, peligro real”
Muchos agricultores portaban carteles que recogían sus reivindicaciones y mensajes dirigidos a los políticos y los consumidores: “Europa, ¿quieres agricultores o no?”, “Sin agricultores comeremos piedras” o “Cuidamos el bosque verde que no se quema”. Tampoco se olvidaron de las plagas exóticas que se han establecido en la península, como el cotonet de Sudáfrica, o podrían hacerlo sin un estricto control fitosanitario, como Thaumatotibia leucotreta: “Falsa polilla, peligro real”.
Un día antes, Unión de Uniones congregó a diez mil agricultores y ganaderos que, a pie o subidos a sus tractores, expresaron frente al Ministerio de Agricultura su descontento ante la falta de soluciones y medidas acordes a la gravedad del sector agrario. La organización también denunció el “desmedido” dispositivo establecido desde la Delegación del Gobierno en Madrid, que dejó atrapados durante horas a cientos de agricultores en las instalaciones de Desguaces-La Torre, y bloqueados en las diferentes rutas con dirección a Madrid.
Unión de Uniones valora esta tractorada y el resto de movilizaciones que vienen produciéndose en estas semanas, “como un aldabonazo que debe mover al Ministerio de Agricultura, con el ministro Planas a la cabeza, a tomar nota y actuar ante el hartazgo del campo, que está exhausto por unos precios que no compensan unos costes de producción encarecidos extraordinariamente en los últimos año; una PAC que, en lugar de apoyar su competitividad y su rentabilidad, les carga con más burocracia y más exigencias; una desprotección de nuestro modelo agrario, el mejor del mundo, frente a la competencia desleal de importaciones de países terceros que no cumplen los condicionantes obligados para las producciones europeas y españolas; y por la falta de democracia en el campo, que está hurtando a los profesionales del sector su derecho a elegir quienes le representan”.
Unión de Uniones, a través de la Unión de Castilla-La Mancha, presentó una denuncia contra la Delegación del Gobierno por la retención de los agricultores. “Pese a todas las trabas administrativas que nos pusieron, pese al despliegue de fuerza para impedir que los tractores llegarán a Madrid, pese a la mala fe del delegado del Gobierno retrasando hasta el último momento su resolución, allí estuvimos los agricultores reivindicando que queremos que nos dejen ganar honradamente el pan con nuestro trabajo y seguir alimentando a la sociedad”, manifestó la organización.
