La Guardia Civil ha detenido a seis personas (cinco en España y una en Francia) integrantes de una organización criminal internacional dedicada a la adquisición, almacenaje y comercialización de productos fitosanitarios de uso profesional, sin estar debidamente autorizada. En el marco de esta operación, denominada “Kaltegarria”, se han intervenido más de 26 toneladas de productos fitosanitarios no regulados, cerca de 20.000 euros en efectivo y siete vehículos. Además, se han bloqueado multitud de activos financieros, entre los que se incluyen catorce cuentas bancarias que en suma arroja un total de medio millón de euros en activos embargados bajo control judicial. El valor de los bienes intervenidos supera el millón de euros.
La Guardia Civil, que practicó tres registros en la localidad de Irún (Guipúzcoa), uno en la localidad de Arenales del Sol (Alicante) y otro en la localidad francesa de Castres, estima que esta organización criminal habría obtenido un beneficio ilegal cercano a los tres millones de euros, derivado de la venta ilícita de fitosanitarios en España, así como a diversos países del continente europeo, principalmente Francia.
A los detenidos se les acusa de varios delitos de pertenencia a organización criminal, contra el medio ambiente y los recursos naturales, contra la salud pública, de riesgo catastrófico, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Las sustancias fitosanitarias no autorizadas pueden causar un impacto muy significativo en la seguridad y salud de las poblaciones, así como en el medio ambiente, mientras que la aplicación de un producto legal con fines distintos para los que fue diseñado puede suponer una pérdida total de los cultivos tratados. En el medio ambiente, la aplicación de dichos productos representa un riesgo para la calidad del suelo, de las aguas y su biodiversidad. Los fabricantes y comercializadores de productos fitosanitarios ilegales, en muchas ocasiones integrados dentro de organizaciones criminales, así como los usuarios finales, aceptan de manera consciente dichos riesgos.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Irún (Guipúzcoa), coordinada de forma conjunta por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil con la (Oficina Central de Lucha Contra los Ataques al Medio Ambiente y la Salud Pública (OCLAESP) de la Gendarmería francesa y apoyada por Europol.
Además, han colaborado en la operación la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) del Ministerio de Transición Ecológica y de la Cohesión de Territorios y del Ministerio de Agricultura, y la Brigada Nacional de Investigaciones Veterinarias y Fitosanitarias (BNEVP), del Ministerio de Agricultura de Francia. También han participado diversas unidades de las Comandancias de Guipúzcoa, Alicante y efectivos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.
