La Unió Llauradora ha realizado análisis sobre cítricos importados y comercializados en supermercados e hipermercados valencianos cuyos resultados ponen de manifiesto las diferencias entre las exigencias fitosanitarias que soportan los productores europeos y las condiciones aplicables a los productos procedentes de países terceros. Los resultados son relevantes y significativos. Un total de diez de las doce muestras analizadas, el 83%, contienen residuos de al menos una materia activa actualmente no aprobada en la Unión Europea o no autorizada como fitosanitario. Aunque ninguno de los residuos detectados supera los LMR establecidos por la normativa europea, la organización agraria denuncia el agravio comparativo con los agricultores comunitarios.
Las muestras se compraron el pasado 9 de septiembre en tiendas de Grupo Carrefour, Consum y Mercadona. De los doce lotes analizados, nueve constaban como procedentes de Sudáfrica, en dos no figuraba el origen y uno aparecía etiquetado como español, aunque el informe cuestiona esta identificación por la variedad y las características de la fruta.
Los análisis revelan otro dato relevante como es el de la presencia simultánea de residuos de numerosas materias activas en una misma fruta. En las muestras analizadas se han detectado entre un mínimo de cuatro y un máximo de nueve materias activas diferentes en una misma muestra. Por tanto, no se trata únicamente de detecciones aisladas de una sustancia, sino de la presencia simultánea de residuos de varios productos fitosanitarios.
La Unió señala que esta multiplicidad de residuos no supone por sí misma un incumplimiento normativo, ya que ninguno de los residuos detectados supera individualmente su límite máximo de residuo (LMR). No obstante, considera que la presencia de hasta nueve materias activas diferentes justifica reforzar el control a los cítricos importados. La organización denuncia “la hipocresía de la distribución comercial, al pedir como mucho dos o tres restos de materias activas en los cítricos que les vendemos, en contraposición con los importados”.
Entre las materias activas identificadas, tres centran especialmente la atención de La Unió: la metoxifenocida, el espirotetramat y 2-fenilfenol u ortofenilfenol. La primera no está autorizada en la UE desde abril de 2026 y aparece en siete muestras. El espirotetramat no está autorizado desde mayo de 2024. Sus residuos o metabolitos aparecen en nueve de las doce muestras. Por su parte, el 2-fenilfenol u ortofenilfenol, utilizado principalmente como fungicida de poscosecha, no está autorizado como fitosanitario en la UE desde enero de 2020 y aparece en tres muestras.
La organización diferencia dos conceptos para interpretar correctamente los resultados. Ninguno de los residuos detectados supera los LMR establecidos por la normativa europea. Este indicador determina la cantidad máxima legal de un residuo que puede estar presente en un alimento, mientras que la aprobación de una sustancia determina sí puede ser utilizada por los agricultores europeos como producto fitosanitario. Por ello, una sustancia que no está aprobada para utilizarse en la UE puede dejar residuos en un alimento importado y estos continuar siendo conformes con los LMR europeos.
La Unió pone el foco en la diferencia entre las reglas de producción aplicables a los agricultores europeos y las que rigen para sus competidores de países terceros. En este sentido, pide acelerar la modificación del reglamento por el cual la UE plantea fijar un LMR de sustancias no autorizadas en su territorio hasta el nivel más bajo detectable en laboratorio, conocido como cero técnico, para los productos agrícolas importados. Carles Peris, secretario general de la asociación, señala que “si Europa prohíbe o deja de autorizar una sustancia a sus agricultores, debe abordar también las condiciones en las que admite residuos de esa misma sustancia en los productos importados. Por ello reclamamos reciprocidad real en las normas de producción y en la política comercial europea”.
La Unió trasladará estos resultados de las analíticas a AESAN, el Gobierno valenciano y los organismos competentes en consumo y sanidad, y reclamará que se intensifiquen los controles sobre los productos importados. Además, exigirá que las instituciones europeas avancen hacia una política de reciprocidad que impida que las mayores exigencias impuestas a los agricultores europeos se conviertan en una desventaja competitiva. “Las mismas exigencias para todos. Lo que nuestros agricultores ya no pueden utilizar no puede convertirse en una ventaja competitiva para los productos importados”, señala Carles Peris.
La organización reclama también a la gran distribución que controle y certifique que los cítricos importados que compran se igualen a las exigencias europeas en las formas de producción que cumplen los agricultores valencianos y no se aprovechen de una mala regulación de la normativa europea. “Deben elegir a quién defienden, si al consumidor aplicando los estándares más estrictos europeos o por el contrario defienden a las grandes empresas y productos de fuera producidos con materias activas prohibidas aquí”, concluye Peris, quien hace un llamamiento a los consumidores para que “no compren cítricos de países terceros porque los nuestros tienen más garantía sanitaria”.
