El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que contempla una inversión de 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos. El primero aporta 1.400 millones para construir nuevas infraestructuras, como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. Además, se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero que superan los 636 millones, o la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas.
Para ayudar a los regantes que este año sufran una reducción de su dotación de agua, se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%. Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50% de dichas cuotas.
Asimismo, en consonancia con la normativa comunitaria, el real decreto-ley modifica la Ley de aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas, de modo que se crezca un 150%, desde los actuales 400 Hm3 anuales a cerca de 1.000 Hm3 anuales en 2027 y llegue a representar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones. Además, se acelera la construcción de importantes infraestructuras, algunas con carácter inmediato para las cuencas afectadas por la sequía, como bombeos de emergencia y adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses, con un presupuesto estimado de 35,5 millones.
En este ámbito de nuevas infraestructuras, se declaran de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea, de modo que el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña –una planta en Tordera, con un coste de 220 millones–, en Málaga y Almería –200 millones–, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones.
Igualmente, el Gobierno ha dado luz vede a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con una dotación económica de 600 millones.
Para contribuir a reducir la presión sobre los acuíferos que nutren el Parque Nacional de Doñana, el Ejecutivo ha aprobado la sustitución de los bombeos de agua subterránea que abastecen a la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos –Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras–, así como la transferencia de 3 Hm3 anuales. Las obras necesarias para ejecutar este trasvase y abastecer al municipio serán asumidas por el Estado central.
La reserva hidráulica peninsular se sitúa esta semana en un 48,9%
Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022, hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5% inferior al promedio de este periodo. La reserva hidráulica peninsular se sitúa esta semana en un 48,9%, algo inferior a la del año anterior (50,6 %).
Además del pago de las ayudas directas, por más de 636 millones, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC). Los sectores agrícolas dispondrán de un volumen de ayudas de 276,7 millones de euros. Agricultura determinará los cultivos, zonas y cuantías a los que corresponderán estas ayudas en función de los que se compruebe son más perjudicados por la situación de sequía. Para ello, se tendrán en cuenta la información sobre la evolución climática e hidrológica del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico y de las comunidades autónomas.
El decreto también contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA, que pueden llegar hasta el 15% del principal del préstamo. Esta ayuda se habilitó en el decreto de sequía aprobado en marzo de 2022 con una dotación de 10 millones y posteriormente se amplió hasta 20 millones en el segundo decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, aprobado en junio de 2022.
Igualmente, se amplía en tres millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos. En el anterior decreto de sequía esta línea se dotó con 2,7 millones de euros, ampliada después en otros dos millones más.
Agricultura incrementa en 40 millones la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios
Agricultura incrementa en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70% del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero. Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del ministerio ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.
En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, durante 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20% en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30% en las demás.
Se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC, y queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.
El real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas. Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes. De esta forma, los agricultores dispondrán de más tiempo para la toma de decisiones sobre sus cultivos en un momento en el que la sequía produce muchas incertidumbres.
En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.