La Unió Llauradora ha solicitado a la Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana que intensifique de manera urgente las medidas de vigilancia, prevención y detección precoz ante el riesgo que representa para la agricultura valenciana la reciente detección en Cantabria de la mosca oriental de la fruta, Bactrocera dorsalis, como adelantó Phytoma.
La organización agraria ha trasladado formalmente su preocupación tras confirmarse por primera vez la presencia de esta plaga en un huerto de El Astillero (Cantabria). La localización inicial, próxima a infraestructuras logísticas de entrada de mercancías y alejada de las principales zonas productoras mediterráneas, podría facilitar su contención, pero “precisamente esta circunstancia tiene que ser interpretada como una oportunidad para actuar con anticipación y contundencia antes de que la plaga pueda establecerse o dispersarse hacia áreas productoras especialmente vulnerables como la Comunitat Valenciana”, defiende La Unió, que considera que se trata de un hecho de “especial gravedad fitosanitaria”, ya que esta especie está catalogada como una de las plagas prioritarias de la Unión Europea por su elevada capacidad invasiva y su enorme impacto potencial sobre cultivos estratégicos.
Según los estudios de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), B. dorsalis puede afectar a más de 120 especies vegetales, entre ellas cítricos, frutales de hueso, caqui, aguacate y hortalizas. Además, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea estima que las pérdidas económicas derivadas de su establecimiento en la UE podrían superar los 1.160 millones de euros.
La organización agraria recuerda que la Comunidad Valenciana concentra una parte esencial de la producción citrícola española y europea, además de otros cultivos especialmente sensibles a esta plaga, por lo que reclama actuar “con anticipación y contundencia” antes de que pueda producirse una expansión hacia las principales zonas productoras mediterráneas. Además, señala que la experiencia acumulada con otras plagas emergentes como Xylella fastidiosa, Delottococcus aberiae o Scirtothrips aurantii demuestra que las actuaciones tempranas “son determinantes” para evitar consecuencias económicas y productivas mucho más graves.
La entrada de nuevas plagas supone siempre un aumento del coste de explotación para los agricultores
En este sentido, La Unió pide a la Conselleria que refuerce los programas de prospección, seguimiento y monitorización, especialmente en las zonas productoras de cítricos, frutales de hueso, caqui y aguacate. También reclama una mayor coordinación con el Ministerio de Agricultura y con el resto de las comunidades autónomas productoras para establecer una estrategia preventiva conjunta y eficaz. Asimismo, solicita que se informe adecuadamente al sector productor valenciano sobre los riesgos asociados a esta plaga, los protocolos de detección precoz y las pautas de actuación ante posibles sospechas.
La asociación insiste en que la detección de B. dorsalis en España debe interpretarse como “un aviso inequívoco” que exige reforzar de inmediato la vigilancia fitosanitaria para proteger la agricultura valenciana y evitar un problema de enormes dimensiones para el sector agroalimentario. El precedente en el sur de Italia, donde el incremento progresivo de capturas de este díptero obligó las autoridades fitosanitarias a reconocer la existencia de un foco establecido y a delimitar zonas específicas de contención, confirma “las dificultades reales de erradicación de esta plaga una vez supera la fase de introducción puntual”.
Carles Peris, secretario general de La Unió, señala que “las autoridades comunitarias deben reforzar los actuales protocolos de importación y control en frontera porque la entrada continuada y permanente de nuevas plagas supone siempre un aumento del coste de explotación para los agricultores y más gasto para las Administraciones públicas. La UE debe tomarse más en serio las medidas de prevención”. Peris también pide al ministerio que “incremente de manera urgente la dotación presupuestaria destinada a sanidad vegetal, reforzando tanto los medios propios de vigilancia, diagnóstico y respuesta como la financiación dirigida a las comunidades autónomas para actuaciones de prevención, prospección, contención y eventual erradicación”.
