El Gobierno de México ha anunciado la prohibición de 35 plaguicidas por su alta peligrosidad para la salud y el medioambiente, de acuerdo con la evidencia científica. La anterior prohibición se remonta a 1991, hace 34 años; entonces, incluyó 21 ingredientes activos. A través de un decreto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum estableció la prohibición de estos productos, desde su producción o importación hasta su aplicación. Se trata de sustancias “altamente peligrosas para la salud y la biodiversidad, los recursos naturales y la calidad de los ecosistemas”.
Este decreto, en cuya elaboración han participado las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud, se enmarca en una estrategia nacional integral, “orientada a asegurar la producción de alimentos saludables e inocuos y la protección de la salud pública y el medioambiente, en colaboración con la industria de protección fitosanitaria y los productores, y atiende las preocupaciones de la sociedad para hacer frente a los riesgos asociados al manejo inadecuado de plaguicidas”. La iniciativa tiene como objetivo primordial preservar la salud de los trabajadores agrícolas y de la población en general, proteger el medio ambiente y promover una agricultura sostenible, en consonancia con las mejores prácticas a nivel global y los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Entre las sustancias que serán retiradas del mercado, se encuentra el aldicarb, usado en caña de azúcar y cítricos en México, altamente tóxico por contacto y contaminante de agua; el carbfurano, considerado uno de los insecticidas más peligrosos del mundo, prohibido en Canadá y la Unión Europea, pero aún legal en México en cultivos de café, algodón y aguacate; el endosulfán, restringido en más de cincuenta países por sus graves efectos en el desarrollo fetal y la persistencia en el ambiente; y el DDT, prohibido en gran parte del mundo desde los años setenta, pero que en México aún se produce y utiliza.
Entre las sustancias que serán retiradas del mercado, aparecen el aldicarb, el carbfurano, el endosulfán y el DDT
Este decreto obliga a la Administración Pública Federal a revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones, permisos y registros para la producción, formulación, fabricación, almacenamiento, importación, transporte, comercialización, distribución, uso, aplicación y disposición final de los 35 plaguicidas en todo el territorio nacional. Se tratan, por orden alfabético, de 2,4-DB, alaclor, aldicarb, azafenidina, azinfos metílico, azocyclotin, bioresmetrina, bromuconazol, captafol, carbofurano, carbosulfan, clordano, clorpirifos-metil, DDT, diclofop metil, dinocap, dinoseb, disulfoton, edifenfos, endosulfan, fenarimol, fenitrothion, fenthion, fentoato, flusilazol, fosfamidon, hexaclorociclohexano, hexaflumuron, lindano, metidation, óxido de fenbutatin, paratión etil, quinalfos, resmetrina y triclorfon. La mayoría corresponde a insecticidas-acaricidas, varios de ellos organofosforados; también incluye herbicidas de amplio espectro ya restringidos en otros países.
El Gobierno mexicano ha asegurado que, en coordinación con la industria de protección fitosanitaria y la comunidad científica, “se fomentará el acceso de los productores nacionales a nuevos plaguicidas de menor riesgo para la salud humana y el medioambiente, a costos accesibles, facilitando la adopción de soluciones de menor peligro por parte de los pequeños y medianos productores”. De esta forma, persigue un equilibrio entre los objetivos de transitar a una agricultura y una alimentación saludables y sostenibles, y el objetivo del Plan México: aumentar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria.
La República federal “ratifica su compromiso con la población, así como con los Convenios Internacionales Vinculantes de Estocolmo y Rotterdam, los cuales tienen por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente frente a contaminantes orgánicos persistentes y químicos peligrosos sujetos al comercio internacional”, afirma el Gobierno mexicano. También destaca que “la prohibición de plaguicidas peligrosos alinea a México con la tendencia global de transitar hacia un ambiente sano y hacia la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles. Esta política refleja el compromiso ineludible del Estado mexicano de eliminar progresivamente sustancias que no se ajustan a los principios de una agricultura moderna y responsable”. Las secretarías involucradas ya trabajan en la identificación y análisis de otras sustancias que serán prohibidas en las etapas subsiguientes de esta estrategia nacional integral.
