El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE), celebrado en Luxemburgo, ha ratificado el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la Política Agraria Común (PAC), que se aplicará entre 2023 y 2027.

España podrá disponer de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, cifra similar a la del periodo anterior, en un contexto de descenso del 15 % del presupuesto comunitario por la salida del Reino Unido de la UE.

Ahora, los Estados miembros deberán elaborar un Plan Estratégico para adaptar la aplicación de la PAC a la realidad de cada uno de ellos, atendiendo a las necesidades y problemas específicos de los diferentes modelos de agricultura. El Plan Estratégico deberá estar elaborado antes de que finalice el año para su remisión a la Comisión Europea, a quien compete su aprobación definitiva. El Ministerio de Agricultura convocará próximamente una Conferencia Sectorial monográfica con las comunidades autónomas para abordar la aplicación de la PAC en España.

El ministro Luis Planas ha destacado que la nueva PAC supone poder avanzar hacia una nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental, tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones. El acuerdo alcanzado, según Planas, proporciona un marco equilibrado y estable para que el sector agrario pueda planificar su actividad en los próximos años.

Una de las principales novedades de la reforma de la PAC es la introducción de los ecoesquemas, herramientas clave para la transformación medioambiental. El acuerdo final contempla que el 25% de las ayudas directas se destinarán a estos ecoesquemas, prácticas agrícolas y ganaderas que proporcionen beneficios climáticos y medioambientales. Se trata de prácticas voluntarias que remunerarán los compromisos medioambientales de las explotaciones.

El acuerdo sobre la PAC incluye una declaración política conjunta entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre uno de los asuntos que más preocupan a los agricultores y ganaderos, como las importaciones de productos procedentes de países terceros y las condiciones en las que se producen para que no supongan una competencia en desigualdad de condiciones con los productores europeos. “Tenemos que tener muy claro que si vamos a producir en condiciones más exigentes y que van a suponer para nuestros agricultores y ganaderos cargas suplementarias, nuestras propuestas tienen que tener también una dimensión externa, particularmente en temas de residuos de productos fitosanitarios”, ha explicado Planas. En este sentido, la Comisión deberá presentar, antes de julio de 2022, un informe relativo a la viabilidad legal de aplicar los mismos estándares sanitarios y medioambientales a los productos importados, de conformidad con la Organización Mundial de Comercio.