Agentes pertenecientes al Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Lleida, en colaboración con inspectores de Sanidad Vegetal, han localizado en la comarca leridana de la Noguera una nave propiedad de una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de productos fitosanitarios en todo el territorio nacional, sin autorización administrativa que ampare su actividad legal y sin estar inscrita en el correspondiente registro oficial (ROPCAT).

En el interior de la nave inspeccionada había una zona habilitada para la fabricación y manipulación de productos fitosanitarios que no cumplía con las condiciones mínimas necesarias para ello; tampoco los trabajadores poseían los elementos de seguridad requeridos ni la formación indispensable para realizar combinaciones de estos productos. Además, almacenaban partidas de abonos y más de 15.000 kg de pienso animal, sin separación física alguna con los productos fitosanitarios de uso profesional clasificados como nocivos.

Durante esta inspección, realizada en julio, se inmovilizaron productos fitosanitarios de distintos tipos y en envases de diferentes capacidades, que quedaron dispuestos en el interior de la nave a disposición de la autoridad competente.

A consecuencia de esta actuación, se formularon varias denuncias administrativas que fueron propuestas para sanción por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.

Posteriormente, mientras los agentes del Seprona seguían recabando información sobre la actividad empresarial, descubrieron que la empresa no había interrumpido los procesos productivos y comerciales de los productos fitosanitarios, por lo que decidieron organizar otra inspección conjunta para comprobar especialmente el material inmovilizado.

Durante el mes de agosto tuvo lugar una segunda inspección en la nave, en la que se detectó, en efecto, que el responsable de la empresa había quebrantado las medidas cautelares poniendo en circulación los productos o mercancías inmovilizadas, tipificado en la citada Ley de Sanidad Vegetal como infracción muy grave, con sanciones económicas que oscilan entre los 120.001 y los 3.000.000 de euros.

Además de no respetar la inmovilización, puesto que había vendido una gran parte de los productos inmovilizados, la empresa incumplió la prohibición de continuar con su actividad ilícita, pues se constató que aún seguía envasando lotes para la venta con fechas de producción recientes.