La Comisión de Gobierno de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) ha consensuado un conjunto de propuestas de mejora y simplificación del marco regulatorio actual, para que no perjudique a la actividad productiva y comercial, que se trasladarán a las respectivas administraciones. Entre ellas, incluye la derogación del Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, o al menos su aplazamiento hasta que se apruebe el Reglamento comunitario, cuyo contenido final se desconoce.

La Comisión de Gobierno de FEPEX, compuesta por los responsables de las asociaciones integradas situadas en las principales zonas de producción hortofrutícola, considera que el Real Decreto 1045/2022 de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola, también debería modificarse para garantizar que los productores de frutas y hortalizas y de flores y plantas que lo soliciten puedan acceder a los pagos directos a través de la reserva nacional en las mismas condiciones que los beneficiarios actuales.

Con relación a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre envases y residuos de envases, que presentó la Comisión Europea el 30 de noviembre del año pasado, la asociación considera necesaria la eliminación de la obligación de vender a granel las frutas y hortalizas frescas en lotes inferiores a 1,5 kg, ya que esta medida “hace prácticamente inviable la estrategia de diferenciación por origen y calidad, lo que conllevará a una pérdida del valor añadido de las producciones comunitarias”.

En la reunión se analizaron también las consecuencias de la reforma laboral aprobada en el Real Decreto-ley 32/2021, que entró en vigor el 31 de marzo del 2022. FEPEX propone su adaptación al sector agrícola para dar una mayor seguridad jurídica en lo relativo a la contratación temporal.  En concreto, se plantearon tres medidas: garantizar la seguridad jurídica en la aplicación del contrato de circunstancias de producción ocasionales o previsibles a trabajadores por cuenta ajena en la actividad agraria; la ampliación de la duración del contrato temporal actual por circunstancias de producción ocasionales o previsibles de 90 a 120 días naturales, o en su defecto, adaptar el contrato actual de 90 días naturales a un contrato de 90 jornadas reales de trabajo; y clarificar la definición y garantizar la seguridad jurídica del contrato fijo discontinuo de los trabajadores ocupados en la actividad agraria.

Hace un mes, en la presentación de Fruit Attraction, José María Pozancos, director de FEPEX, lamentó que “gran parte de la normativa comunitaria se deriva de la estrategia De la granja a la mesa, que se presentó en mayo de 2020. Estamos en mayo de 2023, en un contexto que ha cambiado radicalmente la situación. Habría que cambiar el ritmo y el rumbo, y focalizar la prioridad en la seguridad alimentaria y en la sostenibilidad económica y social de las explotaciones”. Pozancos criticó que la Comisión priorice “la ecologización sobre la seguridad alimentaria y la rentabilidad económica y social del sector agrario”.