La Unió Llauradora ha solicitado a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana que habilite una línea de ayudas específica y urgente para las explotaciones citrícolas afectadas por la obligación de destrucción de cítricos como consecuencia de la confirmación oficial de la presencia del virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos (CYVCV).
La organización solicita que este régimen de compensaciones contemple de manera integral la indemnización por el valor de las plantaciones destruidas, la compensación por la pérdida de renta durante el periodo improductivo hasta la nueva entrada en producción, las ayudas a la replantación (material vegetal y costes asociados), así como el coste de las tareas de arranque y eliminación de los árboles, en el supuesto de que estas no sean asumidas directamente por la Administración. Asimismo, demanda a la Conselleria que estas ayudas se tramiten con carácter urgente y mediante procedimientos simplificados, dada la inmediatez de las obligaciones impuestas a los agricultores y el impacto económico directo que comportan estas medidas.
La reciente publicación de la resolución por la cual se declara la presencia de Potexvirus citriflavivenae y se establecen medidas obligatorias de erradicación y control en la Comunidad Valenciana “supone un punto de inflexión para determinadas zonas productoras, concretamente para las comarcas del Baix Vinalopó y de la Vega Baja”. Esta resolución, adoptada en base a la normativa europea y estatal en materia de sanidad vegetal, establece medidas estrictas para evitar la propagación del virus, debido a su elevada capacidad de dispersión y a la ausencia de tratamientos curativos.
Entre estas medidas, se incluye la obligación de destrucción total de los árboles en parcelas declaradas infectadas, en un plazo máximo de quince días y bajo control de la Administración. Los titulares de las explotaciones afectadas tienen que hacer frente tanto a la pérdida de sus cultivos como a los costes derivados de la ejecución de las medidas impuestas. La Unió señala que la destrucción de plantaciones citrícolas no solo implica la pérdida inmediata de la producción, sino también la desaparición de una inversión acumulada durante años, así como un periodo prolongado sin ingresos hasta la entrada en producción de nuevas plantaciones. Además, a la pérdida hay que añadir los costes directos de arranque y eliminación de árboles, así como gastos asociados a una eventual replantación. “Esta situación genera un desequilibrio evidente entre la obligación impuesta en beneficio del interés general y la carga económica asumida individualmente por los agricultores afectados”.
La organización agraria considera que la resolución adoptada es coherente con la necesidad de contener una plaga emergente con potencial impacto sobre el sector, pero cree que no puede recaer exclusivamente sobre los productores el coste de una actuación que responde a un interés público general y de una infestación de la que el agricultor no ha tenido ninguna responsabilidad. “Trasladar íntegramente este impacto a los citricultores afectados no solo genera una situación de agravio, sino que puede comprometer la colaboración necesaria del sector en la aplicación eficaz de las medidas fitosanitarias”, advierte La Unió, que pide más investigación en la obtención de patrones tolerantes, especialmente en limonero, y reclama que la inversión en un centro de referencia como el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias “no debe parar de crecer”.
