La Comisión Europea no quiere que se repitan en Alicante los mismos errores que favorecieron la dispersión de la Xylella en el sur de Italia y reclama mayor celeridad en la aplicación de las medidas de erradicación en la zona demarcada.
El principal escollo son los numerosos recursos de alzada y recursos contencioso administrativos presentados por ayuntamientos y propietarios de las parcelas afectadas, pero la sentencia reciente de un juzgado de Alicante favorable a la Conselleria de Agricultura, que desestima un recurso interpuesto por el alcalde de Guadalest, podría servir de precedente para allanar el camino.
La Dirección General de Seguridad Alimentaria ha hecho público el informe final de la auditoría que realizó en abril para evaluar la situación y los controles de Xylella fastidiosa en España. Aunque en el brote de Alicante reconoce progresos respecto a la auditoría realizada en 2018, insiste en la importancia de agilizar las medidas de erradicación.
El informe señala que, aunque se han arrancado numerosos árboles en la zona infectada que se estableció en 2017, el “retraso y la parcialidad” en la aplicación de esta medida, en el perímetro de 100 metros en torno a los casos positivos, favorecen la dispersión de la enfermedad. Asimismo, reconoce los esfuerzos significativos para monitorizar la presencia de Xylella en la zona demarcada, pero advierte de que la “vigilancia incompleta” hace que se desconozca tanto el alcance real de la dispersión como el rango completo de plantas afectadas en la zona demarcada.
Los responsables autonómicos han respondido a las recomendaciones del informe explicando que se ha contratado más personal para la realización de las actividades de prospección para la campaña 2019, lo que permitirá incrementar las prospecciones en la zona demarcada y en el primer kilómetro de la zona tampón. Además, técnicos de Sanidad Vegetal han mantenido varias reuniones con los alcaldes de los municipios incluidos en la zona demarcada solicitando su colaboración para acelerar la eliminación de los positivos. La Conselleria de Agricultura confía en que la sentencia favorable al plan de erradicación, que desestima la demanda interpuesta por el alcalde de Guadalest, sirva de precedente para las sentencias de otros recursos interpuestos por los afectados, así como en lo referente a las autorizaciones de acceso a parcelas valladas para la eliminación de positivos.
En cuanto a la “parcialidad” de las plantas arrancadas en las zonas infectadas, Agricultura indica que se están destruyendo todas las que obliga la legislación salvo los olivos, ya que los ensayos de patogenicidad que se están llevando a cabo en el IVIA siguen sin poder demostrar que sea una planta hospedante de X. fastidiosa multiplex ST6, única cepa detectada hasta el momento en la zona.
Por último, la auditoría sostiene que las medidas de control en la zona demarcada, concretamente el sistema de inspecciones de viveros, no pueden garantizar el traslado de las plantas especificadas fuera de la misma. Al respecto, las autoridades autonómicas aseguran que se realizarán más controles aleatorios y programados en los viveros de la zona tampón que han recibido vegetales procedentes de otros viveros de la zona demarcada, y se solicitará a la Guardia Civil que ajuste sus controles de carretera en función del riesgo (épocas de mayor movimiento de material vegetal, proximidad a viveros, …) para evitar la propagación de la enfermedad.
Algunas de las observaciones del informe de la Dirección General de Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea recuerdan a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que Italia había incumplidos dos de sus obligaciones cuando se adoptaron las medidas de contención en Apulia, al no eliminar inmediatamente todos los vegetales infectados en la zona de contención ni realizar las inspecciones oportunas para evitar su dispersión.
