El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado en Extremadura y Castilla y León la comercialización y el uso excepcional de productos fitosanitarios basados en metam sodio 51% para la desinfección de suelos en los cultivos de tomate, tabaco y viveros de fresa, frambuesa y mora.
Ante la falta de alternativas eficaces, el metam sodio destaca por su triple acción nematicida, fungicida y herbicida, permitiendo el tratamiento del terreno de asiento de forma previa a la siembra o el trasplante.
En Extremadura, la medida beneficia al cultivo de tomate de industria y tabaco en una extensa lista de municipios en las provincias de Badajoz y Cáceres. El periodo de aplicación en tomate se extiende hasta el 15 de mayo, y en tabaco, del 1 de marzo al 20 de mayo. Por su parte, en Castilla y León, la resolución afecta a los viveros de fresa, frambuesa y mora de las provincias de Zamora, Valladolid, Ávila, Segovia, Salamanca y Palencia, con calendarios de aplicación que se distribuyen en varias ventanas temporales a lo largo del año.
El Ministerio ha impuesto un protocolo de seguridad y control extremadamente riguroso para minimizar cualquier riesgo ambiental o sanitario por el uso del metam sodio. Solo podrán realizar estos tratamientos los operadores profesionales inscritos en el Registro Oficial de Productores y Operadores (ROPO) que posean el carné de nivel fumigador, capacitados para manejar productos que generan gases tóxicos. El suelo solo podrá ser tratado con esta sustancia una vez cada tres años.
El proceso técnico de aplicación también está estrictamente regulado. Se permite únicamente la inyección directa al suelo o el riego por goteo, siempre bajo el sellado obligatorio de la superficie con película plástica impermeable tipo TIF para evitar la fuga de gases. Tras la aplicación, se debe respetar un periodo de sellado de 28 días y realizar obligatoriamente una prueba de germinación con berros antes de cualquier siembra para confirmar que no quedan residuos fitotóxicos. En cuanto a la protección del entorno, la resolución prohíbe el uso del producto a menos de 125 metros de zonas habitadas y exige bandas de seguridad de 20 metros respecto a masas de agua superficiales. Con estas medidas, el Gobierno busca equilibrar la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas con la máxima protección de la salud pública y el medio ambiente.
