European Crop Care Association (ECCA), que representa a la industria europea de productos fitosanitarios cuyas patentes han expirado, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea en la que alega que España incumple reiteradamente la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental. La denuncia se refiere a la práctica administrativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, a juicio de ECCA, refleja una postura de principio según la cual los informes de evaluación regulatoria que sustentan la autorización de productos fitosanitarios no deben divulgarse a terceros.
Basándose en varios casos que afectan a ECCA y a sus miembros, la denuncia cuestiona lo que equivale a una presunción general de confidencialidad sobre toda una categoría de documentos regulatorios, en lugar de un examen individualizado de la información de que se trate. “Está en juego un principio fundamental del Derecho de la Unión Europea: la transparencia medioambiental es la regla, mientras que la confidencialidad es la excepción. El público tiene derecho a acceder a la información medioambiental que obra en poder de las autoridades nacionales, sin necesidad de acreditar un interés particular”, afirma Athos Pappas, socio de Pappas & Associates y representante legal de ECCA. “La información verdaderamente confidencial puede protegerse, pero cualquier negativa a divulgarla debe justificarse de forma individualizada y las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva. Las autoridades también deben respetar las normas específicas de divulgación aplicables a la información relativa a emisiones al medio ambiente”.
ECCA sostiene que el enfoque de España ignora estas normas al invocar la confidencialidad comercial, la protección reglamentaria de los datos y la supuesta confidencialidad de los procedimientos administrativos como motivos generales para denegar la divulgación de informes de evaluación completos. Además, España se ampara en la finalidad comercial de las solicitudes para justificar la denegación de acceso a la información medioambiental. De este modo, restringe en la práctica un derecho que el Derecho de la Unión garantiza expresamente a todas las personas, con independencia de la identidad del solicitante, sus intereses o el uso previsto de la información.
El acceso a estos informes de evaluación ayuda a los fabricantes de productos fitosanitarios fuera de patente a preparar las solicitudes de autorización y a comercializar sus productos, lo que puede aumentar la competencia y ampliar la oferta de herramientas de protección fitosanitaria asequibles a disposición de los agricultores.
La transparencia medioambiental es la regla, mientras que la confidencialidad es la excepción
ECCA subraya que la interpretación y aplicación por parte de España de las normas europeas que regulan el acceso del público a la información medioambiental en el marco de la autorización de productos fitosanitarios crean barreras dentro del mercado de la UE para los agricultores españoles. Estas barreras limitan su productividad y su eficiencia en costes, lo que socava la competitividad agrícola en toda Europa. “La cuestión ya no es simplemente cómo reforzar la competitividad agrícola, sino cómo revertir su deterioro cuando las barreras regulatorias siguen obstaculizando el acceso de los agricultores a soluciones de protección fitosanitaria asequibles y eficaces”, expone Paolo Marchesini, director general de ECCA. “En un contexto de mayor inestabilidad geopolítica y de impactos del cambio climático, los agricultores ya están bajo presión para mantener la producción y gestionar los costes. Un mercado único europeo que funcione correctamente debería ayudarles a hacerlo. Cuando las mismas normas europeas se aplican de forma diferente en los distintos Estados miembros, los agricultores no tienen el mismo acceso a las herramientas que necesitan para seguir siendo competitivos”.
En marzo de 2026, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, pidió cambios en la legislación europea sobre productos fitosanitarios y reconoció que el actual sistema de autorización no proporciona a los agricultores suficientes herramientas ni un acceso a ellas en los plazos necesarios. “Pese a este reconocimiento, el ministerio no ha modificado su enfoque restrictivo del acceso a la información medioambiental, que agrava las barreras al acceso a las soluciones asequibles y eficaces que los agricultores españoles necesitan con urgencia”, subraya Marchesini. “ECCA está plenamente comprometida con garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, respetando al mismo tiempo la confidencialidad comercial legítima y los derechos de protección reglamentaria de los datos. Nuestra denuncia busca garantizar que estas protecciones no se invoquen para restringir el acceso a la información medioambiental más allá de lo que permite el Derecho de la Unión”.
Mediante esta denuncia, ECCA pide a la Comisión que investigue el patrón de negativas de España a divulgar los informes de evaluación regulatoria y adopte las medidas oportunas para garantizar una aplicación correcta y coherente del Derecho de la UE. El objetivo es reforzar la transparencia, la rendición de cuentas de las autoridades reguladoras y la competencia leal en un mercado único europeo plenamente operativo.
