La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, la Campaña de Retirada de Envases Fitosanitarios, en la que participan un total de 95 cooperativas. Esta iniciativa es fruto del convenio de colaboración con la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana para facilitar a los agricultores la entrega de estos productos, que deben ser retirados por cancelación de la sustancia activa o del formulado.
Gracias a este proyecto, las cooperativas disponen de puntos de recogida en los que los agricultores pueden entregar gratuitamente los envases cerrados con los restos de productos, sin costes ni trámites administrativos. Estos puntos son apilamientos temporales desde donde los productos son retirados por los gestores de residuos autorizados. Se trata de un canal de entrega cercano, de un servicio ágil, de proximidad y gratuito, que permite a los agricultores desprenderse de forma sencilla y segura de las materias canceladas dentro de un circuito que garantiza su tratamiento de acuerdo con la legislación, lo que evita posibles vertidos no controlados y la consecuente contaminación del medioambiente.
En esta segunda edición, participan cincuenta cooperativas de la provincia de Valencia, 35 de Castellón y diez de Alicante. La Conselleria ha destinado 215.000 euros al programa, 85.000 euros más que en la campaña anterior, lo que supone un aumento del 65%. En cuanto al volumen de residuos, se prevé recoger entre 45.000 y 50.000 kg de fitosanitarios caducados, cerca de 20.000 kg más que los recogidos en 2024 (29.164 kg).
Esta iniciativa ahorra a los agricultores 250 euros por la gestión individual de estos residuos. El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, subraya que se trata de “una respuesta altamente eficaz a necesidades concretas” y destaca la “máxima simplificación del proceso para el agricultor que solo tiene que llevar el producto al punto de recogida, sin papeleos ni gastos”.
La campaña permite “evitar riesgos para la salud pública, el uso indebido de productos no autorizados y posibles sanciones derivadas de las inspecciones, al tiempo que se protege el medio ambiente de vertidos incontrolados”, según Barrachina, ha destacado que esta medida permite.
