El Gobierno de Francia ha publicado un decreto que prohíbe la importación y comercialización de productos agrícolas de países extracomunitarios que presenten residuos de cinco sustancias prohibidas en la Unión Europea. La medida, que entra en vigor hoy, tendrá una duración máxima de un año o finalizará antes si la Comisión Europea adopta disposiciones adecuadas sobre esta materia.

Este movimiento unilateral responde a la preocupación de París por los riesgos para la salud humana y a la falta de acción inmediata por parte de las autoridades europeas tras una solicitud formal realizada por el país galo el pasado 23 de diciembre. Las sustancias objeto de esta suspensión son los fungicidas y herbicidas mancozeb, tiofanato-metil, glufosinato, carbendazim y benomyl, cuya peligrosidad ha sido documentada por diversos organismos científicos y regulatorios.

El alcance del decreto es amplio y afecta a una gran variedad de alimentos, tanto brutos como transformados, que forman parte de la cesta de la compra habitual: frutas como cítricos, manzanas, peras, uvas de mesa, fresas, mangos, papayas y aguacates; hortalizas que incluyen tomates, patatas, pimientos, lechugas y melones; y cultivos industriales y cereales como la soja, la avena, la cebada y el trigo.

La base técnica de esta decisión se apoya en evidencias que vinculan estas sustancias con riesgos graves; por ejemplo, el glufosinato está clasificado como tóxico para la reproducción, mientras que otros componentes han perdido su aprobación en la UE progresivamente desde 2014 por su perfil toxicológico.

La restricción afecta a la entrada de cítricos, frutas tropicales, hortalizas y cereales

Para las empresas del sector alimentario y de alimentación animal, la normativa impone un nuevo marco de responsabilidad y vigilancia. El decreto exige a los operadores implementar “diligencias razonables” para asegurar que los productos que introducen en el mercado francés no contengan residuos cuantificables de los químicos prohibidos. Estas obligaciones incluyen la recolección detallada de información sobre el origen de las mercancías, la realización de análisis de laboratorio específicos para detectar estas sustancias y la adopción de medidas de control con los exportadores extranjeros. No obstante, las autoridades han previsto un periodo de transición de un mes para que los importadores y comercializadores puedan liquidar las existencias de productos que hubieran sido adquiridos antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Aunque el Ministerio de Agricultura galo ha reconocido que una parte significativa de los productos que utilizan estos plaguicidas proviene actualmente de Sudamérica, ha subrayado que el decreto no tiene como objetivo una región geográfica en particular. La prohibición se aplica a cualquier país tercero que emplee estas sustancias en los cultivos mencionados, buscando garantizar que los alimentos importados cumplan con los mismos estándares de seguridad que se exigen a los agricultores franceses y europeos. Con esta medida, Francia busca presionar para que se establezcan límites máximos de residuos más estrictos a nivel comunitario.