El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que impulse ante la Comisión Europea una modificación de la normativa europea que permita eximir a las pequeñas explotaciones agrarias de la obligación de registrar electrónicamente los tratamientos fitosanitarios.
En una carta remitida al ministro, el conseller señala que el sector agrario atraviesa una situación de especial dificultad, marcada por la pérdida de rentabilidad, los bajos precios de las cosechas, el incremento de los costes de los insumos, los episodios climáticos extremos y el aumento de la incidencia de plagas y enfermedades. A estas dificultades, el conseller ha explicado que se suman en la Comunidad Valenciana factores estructurales como el envejecimiento de la población agraria, el minifundismo y una elevada brecha digital, circunstancias que dificultan especialmente la adaptación de las pequeñas explotaciones a nuevas obligaciones administrativas y tecnológicas.
En este contexto, el conseller alerta del impacto que puede tener la obligación de realizar por vía digital la anotación de todos los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2027. “Esta exigencia puede convertirse en una importante barrera burocrática y tecnológica para una parte muy significativa de los agricultores valencianos, especialmente teniendo en cuenta que la edad media de los titulares agrarios de la Comunitat Valenciana supera los 65 años y que buena parte de las explotaciones presentan una reducida dimensión”. Por ello, Barrachina solicita al ministro que el Gobierno impulse ante la Comisión Europea la modificación de la normativa para incorporar una exención explícita de la obligación de registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios, al menos para los titulares de explotaciones inferiores a 30 hectáreas o con menos de 5 hectáreas de regadío.
Asimismo, el conseller reclama que la entrada en vigor de esta obligación para el resto “se aplace hasta enero de 2028, de manera que las nuevas exigencias digitales puedan comenzar a aplicarse de forma conjunta junto al resto del cuaderno de explotación y los agricultores dispongan de un periodo adicional para adaptarse”.
Barrachina considera que, “en las actuales circunstancias, mantener la entrada en vigor de esta obligación en 2027 puede dificultar todavía más la continuidad de numerosas pequeñas explotaciones y contribuir al abandono de tierras agrícolas. Las nuevas exigencias administrativas deben tener en cuenta la realidad del sector agrario valenciano. Por ello, reclamamos al ministerio que defienda ante las instituciones europeas una aplicación de la normativa que sea proporcionada y compatible con la continuidad de las pequeñas explotaciones agrícolas”.
