El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha emitido una resolución que autoriza de forma excepcional el uso de productos fitosanitarios formulados a base de acetamiprid 20% para combatir el gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) en cultivos de melocotonero, nectarino y almendro de Andalucía. La autorización, que responde a la falta de alternativas sistémicas eficaces, estará vigente hasta el 11 de noviembre.
C. tenebrionis es una de las principales plagas de estos cultivos. Su ciclo biológico obliga a realizar tratamientos para su control en primavera, momento en el que aparecen los adultos invernantes, y en verano, cuando emergen los nuevos adultos, que provocan daños en las hojas y brotes, donde se pueden observar mordeduras. Las larvas, al alimentarse de las raíces, causan el debilitamiento de los árboles y provocan con frecuencia su muerte.
La incidencia de esta especie es mayor en plantaciones de secano, ya que la humedad del suelo actúa como un factor limitante al provocar la muerte de los huevos y de las larvas neonatas. Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas han provocado una rápida evaporación de la humedad acumulada en el suelo. Estas condiciones crean un ambiente especialmente favorable para el desarrollo y proliferación de la plaga, cuyas larvas permanecen activas en el interior de las raíces, protegidas de las condiciones superficiales.
La resolución permite realizar una tercera dosis adicional del producto, con la restricción obligatoria de que esta aplicación se lleve a cabo únicamente después de que se haya completado la recolección del fruto. Las condiciones técnicas establecidas para el tratamiento incluyen una dosis máxima de 0,25 kilogramos por hectárea mediante pulverización foliar, con un volumen de caldo de entre 1.000 y 1.500 litros por hectárea.
Finalmente, la normativa exige que todas las intervenciones se realicen bajo la estricta supervisión de las autoridades competentes de la Junta de Andalucía. Estas instituciones tienen el mandato de implementar mecanismos de inspección y vigilancia para asegurar que se minimicen los riesgos derivados de la aplicación de los productos fitosanitarios. El Gobierno de España ya ha dado traslado de esta resolución a la Comisión Europea para cumplir con los protocolos de seguridad fitosanitaria establecidos en el marco comunitario.
