Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado de que la nueva campaña del arroz arranca en un contexto de incertidumbre creciente “que pone en riesgo la viabilidad económica de muchas explotaciones”. A la continua retirada de productos fitosanitarios sin que se pongan a disposición del sector alternativas eficaces, sumada a las dificultades para controlar estas enfermedades, hay que añadir las limitaciones para incorporar nuevas tecnologías.
La organización ha puesto de manifiesto la situación en la que se encuentran muchos arroceros por no poder hacer frente a las enfermedades, las ya conocidas y otras nuevas, por falta de autorización por parte de la Unión Europea sin que haya alternativas eficaces. En este sentido, durante la 21ª Mesa Sectorial de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, se informó de que este año dejarán de estar disponibles otros 35 productos fitosanitarios.
Unión de Uniones ha solicitado la autorización de diversas materias activas que ayudarían a combatir plagas tan agresivas como el gorgojo acuático del arroz (Lissorhoptrus oryzophilus) en Cataluña o la piricularia en la Comunidad Valenciana. Muchas de ella ya están autorizadas en otros países o para otros cultivos.
La organización recuerda que uno de los principales argumentos históricos para limitar el uso de fungicidas en arroz es su condición de cultivo en lámina de agua, pero el ciclo del arroz incluye periodos reglados de retirada total del agua, utilizados habitualmente para prácticas agronómicas y tratamientos. En el caso de la Comunidad Valencia, propone que los tratamientos excepcionales contra Pyricularia oryzae se realicen exclusivamente durante estos periodos, con ausencia total de lámina de agua, prohibición expresa de tratamiento con agua presente, la autorización temporal máxima de 120 días y una supervisión del Servicio de Sanidad Vegetal.
Durante las últimas campañas, y de forma especialmente intensa en 2025, el cultivo del arroz valenciano sufrió ataques generalizados de piricularia, favorecidos por veranos más largos y cálidos, elevadas humedades relativas y condiciones climáticas asociadas al cambio climático. El sector productor se enfrenta actualmente a una falta efectiva de materias activas autorizadas, tanto en número como en diversidad de mecanismos de acción. Las pocas herramientas disponibles pertenecen mayoritariamente a familias químicas similares, lo que ha provocado aparición y consolidación de resistencias, pérdida progresiva de eficacia de los tratamientos e importantes pérdidas económicas y riesgo creciente de inviabilidad del cultivo.
Por su parte, en Extremadura o Andalucía también se encuentran en la misma situación, sin alternativas viables para combatir plagas como fusarium. En el Delta del Ebro, la presión de las malas hierbas dificulta cada vez más el cultivo de las variedades locales.
Otra de las grandes preocupaciones del sector es la dificultad para utilizar drones en la aplicación de productos fitosanitarios. Unión de Uniones insiste en que los drones han demostrado ser un medio eficiente, preciso y con menor impacto ambiental en determinados tratamientos agrícolas. Sin embargo, la normativa actual solo permite su uso mediante autorizaciones excepcionales, pero la organización asegura que esta vía se ha ido restringiendo progresivamente a partir de una autorización recurrida judicialmente por una entidad ecologista. “La situación es contradictoria. Mientras se pide a las empresas fabricantes que inviertan en los estudios necesarios para que sus productos puedan ser aplicados con drones, la Administración no es capaz de garantizar que esta tecnología pueda utilizarse en un futuro próximo”, comentan desde la organización. “No se puede prohibir sin ofrecer alternativas mientras que arroz del sudeste asiático sigue entrando con distintas reglas del juego”.
