Un estudio de la Universidad de Córdoba revela que, en la adopción de prácticas ecológicas en la agricultura andaluza, las motivaciones morales como la preocupación por el medio ambiente y el ecosistema social tienen el mismo peso que las asociadas a la rentabilidad económica. “Los datos revelan un balance muy equilibrado entre lo que llamamos dimensiones racionales, utilitarias y morales. Es decir, la conciencia medioambiental se sitúa al mismo nivel que los intereses particulares o económicos”, explica Sandra Sánchez Cañizares, autora del trabajo junto con Javier Cabeza Ramírez, Miguel González Mohino y José Antonio López Castro, del Área de Organización de Empresas de la Universidad de Córdoba.
Con más de 1,4 millones de hectáreas dedicadas a cultivos ecológicos, Andalucía concentra más del 50% de la agricultura ecológica española, por lo que sus tierras son consideradas un laboratorio para el desarrollo de políticas de fomento y promoción de estas prácticas. Para este estudio, recientemente publicado en Journal of Enviromental Maganement y realizado en el marco del proyecto ‘Diseño de políticas eficaces para la transición ecológica de la agricultura. Un enfoque microeconómico’ del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, el equipo contactó con cooperativas agrícolas y realizó entrevistas presenciales con alrededor de doscientos agricultores de todas las partes de Andalucía, especialmente de Córdoba, Málaga y Sevilla. Después, para clasificar y tratar la información obtenida, se combinaron varios modelos teóricos: la Teoría de Comportamiento Planificado, el Modelo de Aceptación de la Tecnología y el Modelo de Activación de la Norma.
Para Javier Cabeza Ramírez, la gran aportación del estudio es que se centra en el propio agricultor y no en variables de tipo económico o empresarial. “La mayor parte de los estudios que se han hecho sobre agricultura ecológica se fijan en el tipo de cultivo, en el modelo de negocio o en la subvención que se percibe, dejando de lado al propio agricultor que es la pieza principal», afirma el investigador. En este caso, el estudio se fija “en sus motivaciones para entender mejor el contexto andaluz y así poder exportarlo como modelo a otras partes de Europa”.
Los resultados ponen de manifiesto la heterogeneidad del tejido agrícola andaluz, en el que conviven profesionales de distinto perfil sociodemográfico y con una relación dispar con el modelo ecológico. “Si la Unión Europea quiere potenciar la agricultura ecológica tiene que diversificar sus políticas en base a los distintos perfiles y necesidades”, señala Sandra Sánchez Cañizares. El estudio sugiere dirigir políticas centradas en la retención, con la simplificación administrativa y de procedimientos como principal baza, a aquellos agricultores que ya han elegido el modelo ecológico. En cambio, para quienes se resisten a adoptarlo, plantea diseñar políticas centradas en activar la convicción moral en torno al medio ambiente y ofrecer la formación y asistencia necesarias para el cambio de modelo.
