Finalmente, el Tribunal de Bari ha archivado la causa contra Donato Boscia, exdirector del Consejo Nacional de Investigación (CNR, por sus siglas en italiano), y reconoce que no cometió responsabilidad penal en relación con la epidemia de Xylella fastidiosa en el sur de Italia. Se cierra así un proceso judicial que comenzó hace más de diez años la Fiscalía de Lecce, cuando le acusó, junto a María Saponari y otros investigadores, de introducir la bacteria en Italia.
La subespecie pauca, que fue detectada por primera vez en octubre de 2013 en Apulia, ha provocado la muerte de millones de olivos en esta región italiana. Tras esta primera aparición en el continente, la Unión Europea estableció acciones legislativas de obligado cumplimiento que dieron lugar a la puesta en marcha de medidas para contener su expansión. Al mismo tiempo, un grupo de investigadores del CNR de Bari liderado por Boscia y Saponari inició un esforzado programa de investigación fitopatológica, que determinó la naturaleza específica y el genoma de la bacteria causal, desarrolló un protocolo para el diagnóstico molecular de ella e identificó los insectos chupadores de xilema que propician la diseminación y trasmisión de la misma.
Sin embargo, ambos, junto con otros cinco investigadores y tres responsables del Servicio de Protección Vegetal de la Región de Apulia, fueron acusados de provocar la dispersión de la bacteria durante un Curso Internacional que tuvo lugar en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari (IAMB) en 2010. Este proceso fiscal siguió a otro que había sido desestimado meses antes, cuando se demostró que la estirpe identificada en los olivos afectados en la Apulia era idéntica a la detectada en plantaciones de cafeto en Costa Rica.
A pesar de que se demostró que ninguno de los investigadores había participado en dicho curso, y de que la bacteria utilizada en él era originaria de vid en California y pertenecía a la subespecie fastidiosa, no patogénica de olivo, la Fiscalía de Lecce ordenó la inmediata paralización de las medidas de contención que se venían aplicando en las zonas olivareras afectadas y próximas en la Apulia, “medidas refrendadas por el conocimiento científico y cuya interrupción abría todas las posibilidades para propiciar la expansión geográfica de la bacteria a toda Europa”, recuerda la fitopatóloga Blanca B. Landa, que actualmente coordina el proyecto europeo BeXyl, centrado en la búsqueda de estrategias de gestión integrada para mitigar el impacto de este patógeno.
No todos hubiéramos resistido esta situación, pero entendieron que era su responsabilidad profesional seguir trabajando con esa enfermedad y defender los principios científicos
En 2016, Landa, que esta misma semana ha aceptado formar parte del Comité Técnico-Científico para la Lucha contra la Xylella en la Región de Apulia, firmó un artículo publicado en Phytoma, junto a otros investigadores (Juan A. Navas Cortés, Mª Milagros López y Rafael M. Jiménez Díaz), en el que se vaticinaba que “como ha ocurrido muchas veces en la historia de la ciencia, pasará más de una década para que se ofrezcan disculpas públicas a los investigadores que han hecho sus deberes y realizado su trabajo de forma rigurosa, dejándose la piel en ello”.
Para Antonio Vicent, coordinador del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, y presidente del Panel de Sanidad Vegetal de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), este caso pone de manifiesto “la importancia de basarse siempre en la información científica y no dejarse llevar por teorías conspirativas o por intereses, sean sectoriales, personales o políticos”.
El investigador del IVIA se alegra especialmente por Donato Boscia y María Saponari, “un ejemplo de integridad científica y de ontología profesional que debería quedar en los libros de fitopatología, ya que no todo el mundo hubiéramos resistido esta situación, teniendo salidas profesionales mucho más fáciles. Pero ellos entendieron que era su responsabilidad profesional seguir trabajando con esa enfermedad y defender los principios científicos”.
El proceso abierto por la Fiscalía de Lecce dio pie a interpretaciones incorrectas del brote y contribuyó a sembrar dudas sobre la actuación rigurosa de los investigadores italianos. “Desde nuestro punto de vista, los hechos que relatamos son un ejemplo más de la insuficiente penetración del conocimiento científico que todavía persiste en la sociedad actual, en contraposición con la desconcertante disposición a dar valor a la opinión sostenida por la emoción o los sentimientos, pero carente de soporte factual. (…) Las instituciones educativas, las sociedades científicas y los organismos públicos de investigación tienen todavía un largo trecho por recorrer para propiciar que la ciencia permee la sociedad y las decisiones para afrontar los problemas que amenazan nuestro bienestar se basen en el conocimiento y no en las opiniones”. Así concluía el artículo en apoyo de los investigadores italianos señalados que, por fin, una década después, han visto restablecida su integridad moral y profesional.
