El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado por unanimidad La nueva Ley de Estructuras Agrarias, “instrumento fundamental para abordar cambios en los fundamentos que el sector productivo agrario valenciano requería desde hace tiempo y que le fortalecerán frente a crisis como la citrícola actual”, según la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, para quien la nueva ley “va a ser útil para lograr explotaciones modernas, económicamente rentables y social y territorialmente sostenibles, que es su principal objetivo”.
Para ello, integra la normativa preexistente, tanto autonómica como estatal, actualiza y desarrolla aspectos no contemplados en las leyes en vigor e introduce innovaciones mediante nuevos instrumentos para impulsar la mejora de las estructuras agrarias en la Comunidad Valenciana.
En términos generales, la ley favorece la movilidad de la tierra, define el suelo agrario infrautilizado y ofrece alternativas para su uso sostenible, incluyendo la creación de una red de oficinas gestoras de tierras, que consolida y apoya a las experiencias de bancos de tierras existentes. Además, prevé la constitución de la red de tierras que contribuirá a contactar la oferta y la demanda de parcelas agrarias y movilizar suelo.
La Ley de Estructuras Agrarias ofrece herramientas de planificación e información para las políticas agrarias, tales como los mapas agronómicos; un plan de actuación sectorial, que sistematice la planificación integral en cultivos de regadío y secano; los Parques Agrarios, como figura adecuada para dinamizar y defender la actividad agraria en los sistemas locales periurbanos, o la figura de la Iniciativa de Gestión en Común. Podrán acogerse a esta última figura las explotaciones asociativas o agrupaciones de explotaciones con voluntad unitaria para poner en marcha un plan de gestión de cultivo en común que, en consecuencia, podrán verse beneficiadas por las medidas de reestructuración y beneficios fiscales.
La nueva ley contempla medidas de apoyo público a la reestructuración parcelaria para conseguir explotaciones con estructura y dimensiones viables e introduce incentivos fiscales, más allá de los beneficios que considera la legislación estatal, que incluyen deducciones para transmisiones y cesiones de fincas rústicas a favor de profesionales de la agricultura, así como a las fincas incorporadas a las Iniciativas de Gestión en Común y a la Red de Tierras.
“Es fundamental la promoción de inversiones encaminadas al ahorro en el uso del agua y la energía”, subraya Elena Cebrián. Con este objeto, se favorece la promoción de la adaptación y mejora de los regadíos y medidas que fomentan el uso racional y eficiente del agua, se incorporan las obras con objetivos ambientales, en relación a la adaptación y mitigación del cambio climático, y se consideran la promoción de las energías renovables y las intervenciones para conectar el medio rural con la sociedad de la información y la comunicación.
En definitiva, el propósito es sentar las bases para un necesario cambio estructural de la agricultura valenciana, un sector estratégico que, sin embargo, acusa un elevado minifundismo, la dispersión parcelaria, la excesiva relevancia de la agricultura a tiempo parcial, el envejecimiento o la falta de relevo generacional, junto a la escasa movilidad del mercado de tierras y la atomización de las estructuras comerciales, que sitúan a los productores en una situación de desventaja en la cadena de valor.
