Tras la publicación de nueva documentación para desarrollar el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM), por parte de la Comisión Europea, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos advierte de que su aplicación a los fertilizantes a partir de 2026 va a suponer un nuevo incremento de los costes de producción agraria si no se introducen medidas correctoras.
La organización agraria explica que el CBAM pretende gravar las importaciones de productos intensivos en carbono procedentes de terceros países para evitar la fuga de emisiones y garantizar una competencia más equitativa con la producción europea. Entre los sectores incluidos se encuentran los fertilizantes, un insumo esencial para la agricultura y uno de los principales determinantes de los costes de producción de agricultores y ganaderos. Unión de Uniones considera que los fertilizantes ya han registrado incrementos de precio en los últimos años que, en muchos sistemas productivos, representan entre el 15% y el 30% de los costes totales de producción y este mecanismo supondría “la puntilla para ciertos sectores como los cultivos extensivos de cereal, el maíz, la remolacha azucarera, los forrajes o determinadas producciones hortícolas intensivas, comprometiendo aún más su viabilidad económica”.
La organización insiste en que la introducción del CBAM, tal y como está planteada actualmente, podría traducirse en nuevos aumentos de varias decenas de euros por tonelada de fertilizante, lo que supone sobrecostes adicionales de entre 40 y 100 euros por hectárea, dependiendo del cultivo y del nivel de fertilización.
Apoyamos la transición climática, pero no a costa de agricultores y ganaderos
A escala del conjunto del sector agrario, estos incrementos podrían suponer un impacto económico acumulado de entre 6.000 y 1.500 millones de euros al año, en un contexto en el que las explotaciones ya afrontan una fuerte presión de costes y una elevada dependencia de fertilizantes importados de terceros países.
La organización señala que siguen sin resolverse elementos técnicos clave del mecanismo, como la metodología definitiva de cálculo de las emisiones incorporadas en los fertilizantes, el sistema de verificación y certificación de los datos declarados por los importadores, el precio efectivo de los certificados CBAM vinculado al mercado del carbono, así como la posible introducción de medidas compensatorias o correctoras para el sector agrario. “Esto dificulta la planificación de las explotaciones y agrava el efecto tijera que ya sufren agricultores y ganaderos, con costes al alza y precios en origen que no permiten absorber nuevos incrementos”.
En este sentido, Unión de Uniones considera que la transición climática es un objetivo compartido, pero insiste en que no puede trasladarse de forma directa a los costes del sector agrario. La organización reclama que no se aplique el CBAM a los fertilizantes sin que previamente se garantice la plena previsibilidad de los costes y se establezcan medidas específicas de compensación para agricultores y ganaderos. “Seguiremos defendiendo una política climática ambiciosa, pero que tenga en cuenta la realidad económica del campo y no ponga en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrarias”, señala la organización, que lamenta que desde Europa se establezcan “políticas sin estudios de impacto. Bruselas ya está cogiendo la costumbre de dispararse al pie”.
