La Interprofesional Citrícola Española ha denunciado que el Banco Europeo de Inversiones negocia la concesión al gobierno sudafricano de multimillonarios créditos y ayudas para que sus principales infraestructuras logísticas ganen en eficiencia, usen renovables y contribuyan a la descarbonización de su economía. Intercitrus exige al BEI que no financie la mejora de los puertos y trenes desde los que “exportan plagas a la UE”.
Esta operación se enmarca en el acuerdo suscrito en 2021 para la promoción del Just Energy Transition Partnership (Alianza para la Transición Energética Justa), en virtud del cual, Sudáfrica, Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca, junto con la propia UE a través del BEI, así como EE UU y Reino Unido, se comprometían a financiar 8.800 millones de euros para apoyar los esfuerzos de Sudáfrica por descarbonizar su economía.
Intercitrus asegura en un comunicado que la operación fue confirmada por el propio BEI recientemente y será por un importe relevante. De hecho, la que ya fue aprobada a finales del año pasado en favor del Banco de Desarrollo del Sur de África supuso la concesión por parte del BEI de 300 millones de euros para financiar proyectos privados vinculados con energías renovables. Ahora, el beneficiario será el propio Estado --que es el titular de la empresa pública Transnet, que explota los principales recintos portuarios y la red ferroviaria de este país--, que podría ser titular de estos préstamos en condiciones preferenciales.
Este apoyo financiero impulsará al sector minero local pero también al comercio hortofrutícola sudafricano, advierte Intercitrus, que califica la iniciativa como “un despropósito” que acredita la “insensibilidad” con la que Bruselas trata a su sector productor “pese a las protestas agrarias que siguen sucediéndose por todo el continente”. Así se manifiesta su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, que reclama a la UE “que demuestre ya con hechos su voluntad de poner fin a las asimetrías de obligaciones entre los productores comunitarios y los productores de terceros países”.
Intercitrus exige al BEI que no financie la mejora de los puertos y trenes desde los que exportan plagas a la UE
“Las políticas verdes de la UE castigan de este modo a la citricultura europea doblemente. De un lado, lo hacen en el mercado europeo, donde el sector compite entre todo tipo de restricciones y costosas obligaciones con los cítricos de países terceros mucho más baratos de producir y que no tienen que cumplir con tales requerimientos. Del otro, ahora también los recursos financieros que la UE pone al servicio de estas políticas sirven para potenciar a esa competencia desleal que no respeta, de manera flagrante y con alevosía, la propia normativa fitosanitaria europea”, se lamenta Sanfeliu, que denuncia que “solo en Bruselas podría ser concebible que el primer exportador de cítricos en fresco del mundo –España- acuda en auxilio del segundo –Sudáfrica- para ayudarle a mejorar su posición en nuestro principal mercado –la UE- sin exigir antes reciprocidad y acatamiento de la normativa comunitaria”. La responsable de la interprofesional se refiere así a la “actitud pasiva” que está mostrando hasta el momento la Comisión Europea a la hora de hacer respetar la normativa que garantiza la sanidad vegetal en el territorio comunitario. Incumplimientos que pueden provocar que plagas como el cotonet de Sudáfrica se introduzcan y establezcan en las zonas de producción españolas y europeas.
Durante la pasada campaña, Sudáfrica acumuló la cifra récord de hasta 51 rechazos en puertos europeos tras detectar la presencia en sus envíos de cítricos afectados por la mancha negra, a pesar de lo cual no se ha tomado ninguna medida adicional para mejorar los controles. Por otro lado, Intercitrus señala que el país austral acumula dos temporadas consecutivas sin cumplir en sus envíos con el tratamiento de frío que la UE reguló en 2022 para evitar la llegada de Thaumatotibia leucotreta, plaga prioritaria en la UE. “La respuesta de las autoridades y exportadores sudafricanos ante tales hechos, lejos de ser resignada, ha sido de lo más beligerante: en 2022 su Gobierno denunció a la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque cuestionaba el tratamiento de frío impuesto contra la falsa polilla y, en cuanto a la mancha negra, amenaza con abrir otro panel en la OMC y sus operadores se han atrevido a dudar de la eficacia y el rigor de los inspectores comunitarios, así como de las pruebas que practican a sus frutas”, asegura la interprofesional.