El marco legislativo actual en España que regula el asesoramiento y la figura del asesor en Gestión Integrada de Plagas (GIP) es el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, y que traspone al Estado Español la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas.
En 2009, año de publicación de la Directiva, no partíamos de cero ya que, en 1983, hace 40 años, se crearon oficialmente las ADVs en Cataluña y ATRIAS en la mayoría de Comunidades Autónomas, promovidas por el Ministerio de Agricultura; posteriormente, las APIs en Andalucía y las ATESVEs en Extremadura. Estas asociaciones disponían y disponen de técnicos que han asesorado y asesoran a los agricultores en la lucha colectiva y la Gestión Integrada de Plagas y, en colaboración con los servicios de sanidad vegetal, llevan a cabo el seguimiento de las plagas, la alerta sobre la aparición de nuevas plagas, la confección de los avisos fitosanitarios y la implementación de técnicas alternativas a los plaguicidas químicos. La experiencia de estos años 40 años demuestra la importancia de que los agricultores estén asociados y que dispongan de técnicos asesores especializados, ya que se considera el sistema más eficaz para la prevención y lucha contra las plagas, las enfermedades y las malas hierbas.
La directiva de uso sostenible de los plaguicidas establece que es fundamental que los Estados miembros creen sistemas de formación, tanto inicial como complementaria, de los distribuidores, asesores y usuarios profesionales de plaguicidas, así como sistemas de certificación que registren dicha formación, de manera que quienes utilicen o vayan a utilizar plaguicidas sean plenamente conscientes de los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y de las medidas apropiadas para reducirlos en la medida de lo posible.
También remarca que las ventas de plaguicidas son un elemento importante en la cadena de distribución, donde en el momento de la venta debe darse un asesoramiento específico al usuario final, y en particular a los usuarios profesionales, sobre las instrucciones de seguridad para la salud humana y el medio ambiente.
