La Agricultura española no está atravesando uno de sus mejores momentos, a pesar de contar con técnicas modernas para la producción agrícola y poseer una de las agriculturas más desarrolladas y avanzadas de Europa, diversos son los factores que han influido en los últimos cuatro años para que el sector agrícola español se encuentre en esta coyuntura: la escasez de agua en las zonas más productivas, la imposibilidad de mecanizar diversas tareas, que elevan el coste de mano de obra, los precios de mercado de las frutas y hortalizas, que en muchos casos están muy por debajo de los costos de producción, demasiados intermediarios en la cadena de comercialización, las nuevas tendencias de mercado, el cumplimiento de una legislación cada vez más exigente, las exigencias de los propios clientes que son incluso más restrictivas que la propia legislación, el envejecimiento de la población agrícola, la competencia de productos hortofrutícolas de países terceros con costes de producción mucho más bajos, la modulación de las ayudas de la PAC ligadas a la eco-condicionalidad, trazabilidad? todo estos factores influyen en que nuestra agricultura tal y como la conocemos sea un sector en retroceso y que en estos momentos la situación del campo sea incierta y los empresarios agrícolas sean cautos a la hora de controlar los costes de producción, teniendo una mayor incidencia sobre el gasto realizado en el empleo de productos fitosanitarios, aunque éstos sólo representen un 7% de los costes totales de producción.

El sector de la distribución de productos fitosanitarios es un reflejo de la situación que se vive en el campo, las ventas en los últimos años han ido disminuyendo paulatinamente, si a esto añadimos la inversión que se ha tenido que realizar para adaptarse a las nuevas normativas impuestas desde Europa, el panorama no pinta muy halagüeño para este sector que lleva casi un siglo velando por la sanidad de los cultivos, y que a lo largo de estos años ha ido evolucionando progresivamente, excepto en los últimos 10 años que ha ido a marchas forzadas intentando cumplir con toda la normativa que regula esta actividad.

La comercialización y distribución de productos fitosanitarios está vinculada a una estricta legislación, tanto europea como española, siendo un sector especializado y altamente cualificado por exigencias administrativas y del propio mercado que le ha obligado a dar un cambio radical en su empresa, cada vez se valoran más los servicios adicionales que ofrece el distribuidor que el propio suministro de productos para la sanidad vegetal.

Todos estos cambios implican un esfuerzo económico considerable añadido al coste real que supone poner en marcha y actualizar constantemente esta actividad.

Para ejercer como distribuidor de productos fitosanitarios hay que partir de un proyecto técnico que cumpla con lo establecido en el RD 379/2001 para el Almacenamiento de Productos Químicos (APQ) y de las ITCs correspondientes a los productos que se vayan a almacenar, teniendo muy claro desde el principio como se va a estructurar la actividad, ya que cualquier cambio posterior, lleva implicado tantos permisos administrativos como si se tratase de una nueva empresa; una vez que se dispone del mencionado proyecto visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, el próximo objetivo es conseguir la licencia municipal de apertura, proceso que dependiendo del Ayuntamiento puede durar por lo general entre 6 meses y dos años, esta LICENCIA es condición "sin ecuanum" para poder poner en marcha y ejercer legalmente esta actividad empresarial, de hecho, sin la certeza absoluta de que se dispondrá de ella no se debería empezar con la obra de civil de construcción y/o tecnificación si ya se dispone de las instalaciones.

Una vez obtenida la preciada Licencia en la que se especifique bien claro todas las actividades que se desean desarrollar, se procederá con la inscripción de las instalaciones en la Consejería de Industria de la provincia donde esté ubicada, aportando toda la documentación necesaria e incluido el seguro de RC correspondiente, inscripción en el ROESP de la Consejería de Agricultura, departamento de Sanidad Vegetal, inscripción como PPRPs (pequeño productor de residuos peligrosos) en la Consejería de Medio Ambiente, si se comercializan productos biocidas se procederá así mismo a la inscripción en el ROESB de Sanidad Ambiental, se dispondrá de contratos con un Servicio de Prevención de Riesgos Laboral y con un gestor de residuos autorizado en la Comunidad Autónoma, por supuesto todo el personal de la empresa contará con formación específica continua dependiendo de su puesto de trabajo, y dependiendo de que se comercialicen algunos productos específicos, se deberán tramitar los registros correspondientes.

Además de todo lo anterior, se debe llevar un control exhaustivo de toda la documentación como el LOM y el LOB, controlar periódicamente los registros de los productos fitosanitarios y estar pendientes de las fechas de comercialización permitidas para aquellos productos que han quedado excluidos del anexo I de la D 91/414/CE, controlar la correcta ubicación de los productos en las distintas zonas de almacenamiento, ? A los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma corresponden las inspecciones y programas de vigilancia de la comercialización de los medios de defensa fitosanitaria, que puesto que es una actividad sujeta a normativa de distintas consejerías, todos los distribuidores acreditados están sometidos a varias inspecciones a lo largo del año.

A pesar de todo este control, el sector de los fitosanitarios no goza de muchas simpatías por parte de un sector de la sociedad, que a mi juicio carece de la información suficiente sobre el proceso de control y estudios minuciosos a los que se someten los productos fitosanitarios antes de salir al mercado, un uso correcto y racional de estos productos no representa ningún riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente.

Lo que sí representa un delito y un peligro es el comercio ilegal de productos fitosanitarios realizado por gente sin escrúpulos y comprados por usuarios irresponsables que no tienen el más mínimo respeto por las personas, el medio ambiente o el prestigio de nuestra agricultura y que por unos euros de diferencia compran productos que saben muy bien que son ilegales y que no se pueden usar, mientras, los distribuidores acreditados ven con impotencia como estos individuos actúan con total impunidad, y, en los casos en que las autoridades competentes consiguen intervenir alguna operación y procesar a los implicados, en los años que transcurren hasta que se llega a juicio, estos sujetos siguen actuando como si tal cosa, por eso no quiero acabar sin hacer un llamamiento a todos los sectores que están relacionados con la sanidad vegetal para que denuncien todos estos actos, y, a las autoridades correspondientes para que utilicen todos los medios que consideren oportunos y apliquen todo el peso de la ley, a ver si entre todos acabamos con esta lacra que padece el sector.