El cooperativismo agrario en Catalunya nace, a finales del siglo XIX, como una respuesta económica y social de los agricultores a la progresiva penetración de la economía de mercado, con la finalidad de poder continuar siendo empresarios de forma autónoma.
Para conseguir este objetivo era indispensable convertir en viables y competitivas sus explotaciones, cosa que fue posible actuando de manera colectiva bajo el paraguas de la cooperativa. Esto permitió aumentar las actividades y los servicios que dispondrían sus socios: de forma básica poder mejorar las condiciones de venta de sus productos agrarios, realizar eventualmente su transformación ?para conseguir un mayor valor añadido- y optimizar, adicionalmente, las condiciones de adquisición de los inputs necesarios para sus explotaciones. Esta forma de integración económica, que tiene como finalidad satisfacer las necesidades socioeconómicas de sus componentes y mejorar su entorno común, ha permitido a los agricultores ?por una parte? asumir de manera colectiva actividades económicas que individualmente les hubieran sido imposible realizar.
Según el censo agrario catalán de 1999, el 70% de las explotaciones agrarias participan, de alguna manera u otra, con las cooperativas. En el ámbito de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) se encuentran asociadas un conjunto de 264 cooperativas agrarias, que intervienen en los diversos sectores de producción presentes en Catalunya.
Estas empresas se concentran especialmente en las comarcas de Tarragona y Lleida, si bien existe una significativa representación en todo el territorio dónde la agricultura tiene cierto peso. Este hecho explica que, en el ámbito de la distribución de fitosanitarios, la red de venta participada por cooperativas sea importante en el conjunto del sector en Catalunya.
De forma global, las cooperativas representan cerca del 40% de puntos de venta, con porcentajes superiores en las zonas donde la agricultura está más presente (provincias de Tarragona y Lleida). En determinadas comarcas (Garrigues, Segrià, Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat, Baix Ebre, Terra Alta...) las cooperativas representan más de la mitad de establecimientos de comercialización de fitosanitarios.
Los condicionantes de estructura del sector
Las cooperativas, como el resto de distribuidores del sector, han sido espectadores de la transformación que ha vivido en los últimos años el sector de fabricación de fitosanitarios. Sólo una cifra: en el año 1990, 12 empresas representaban el 80% del mercado de fabricación de fitosanitarios mientras que en el 2001 sólo 6 representaban la misma cuota de mercado.
Es lógico pensar que este cambio radical en el sector de la fabricación haya tenido unas repercusiones también en el sector de distribución, y en consecuencia también sobre el papel de las cooperativas. Posiblemente el ritmo de concentración empresarial de los fabricantes ha sido mucho más elevado que en el caso de la distribución y en consecuencia ha sido necesario un período de adaptación. Una reflexión que podría hacerse en este contexto es que quizá sería necesario potenciar las actuales iniciativas de intercooperación (cooperativas de segundo grado, centrales de compras...) en el ámbito de distribución de fitosanitarios, por parte de las cooperativas, para así conseguir un mayor poder de negociación y ofrecer un mejor servicio al socio agricultor.
Los condicionantes legales en la distribución
Otro condicionante importante del sector de distribución de fitosanitarios en los últimos años, ha sido la necesidad de adaptarse a un contexto legal con importantes cambios. El sector debe cumplir con numerosas normativas propias de su actividad (transporte de mercancías peligrosas, condiciones especiales de almacenamiento, reglamentación técnico-sanitaria, legalización de la actividad, formación del personal...).
Adicionalmente, la oferta de materias activas o formulados está experimentando notables cambios como consecuencia de la aplicación:
- Por una parte de la Directiva 91/414/CEE, que establece el Registro Único Europeo. El número de materias activas disponibles se está reduciendo y este hecho tiene numerosas consecuencias. Desde el punto de vista del agricultor, la necesidad de adaptarse a un número de materias activas más reducido: problemas para controlar determinadas plagas/enfermedades, cultivos minoritarios... Desde el punto de vista de la cooperativa, en su papel de distribución, la prohibición de materias activas implica la necesidad de estar al corriente de los diferentes plazos límite de comercialización y de uso, participar en el proceso de retirada, ...
- Por otra parte, de manera más reciente, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, se está generando una cierta incertidumbre en el sector. Como es conocido, la aplicación de esta normativa implica la reclasificación toxicológica de unos 4.000 formulados que podría conllevar numerosas consecuencias para el sector: retiradas de uso de determinados formulados, obligación de un carné especial para el uso de un mayor número de materias activas, necesidad de reetiquetaje...
A pesar de la alerta inicial, parece ser que las consecuencias reales de la aplicación de este Real Decreto serían, a nivel práctico, menores de las que se habían previsto. En el capítulo legislativo no podemos olvidar la aplicación, pendiente todavía de desarrollo, de la Ley de Sanidad Vegetal, que podría afectar a determinados aspectos de la comercialización de fitosanitarios. En cualquier caso, ha sido vital en los últimos años disponer por parte de las cooperativas que se dedican a la distribución de una información actualizada de estos cambios normativos. Desde la FCAC se ha realizado en este sentido una importante función de asesoramiento (circulares, jornadas informativas...).
¿Qué ventajas disponen las cooperativas como distribuidores de fitosanitarios?
La distribución de fitosanitarios por parte de las cooperativas, surge por la propia naturaleza de estas entidades que tienen entre sus objetivos facilitar a sus socios un conjunto de servicios para satisfacer sus necesidades socioeconómicas. Uno de los objetivos básicos de la mediación de las cooperativas en el ámbito de la distribución no es sólo proporcionar al agricultor los productos fitosanitarios a precios económicos ?gracias a la negociación conjunta- sino también proporcionar servicios adicionales ?básicamente, apoyo técnico- imprescindible en la utilización de este tipo de productos.
Este apoyo técnico ?facilitado a través del personal de la cooperativa o ADVs propias- tiene un componente que lo hace especial, en comparación con el que puedan realizar, eventualmente, otro tipo de distribuidores de fitosanitarios. Las cooperativas agrarias en su gran mayoría tienen como objeto principal la comercialización (y de forma previa, eventual transformación) de las materias primas suministradas por sus socios.
En consecuencia, el interés por conseguir un producto de calidad, respetuoso con el medio ambiente y que tenga todas las garantías que demanda el mercado prima por encima de cualquier interés comercial que pudiera tener la actividad de distribución de fitosanitarios. Este compromiso lógico con el mercado de productos alimentarios es el que obliga a coordinar, en cierta medida, el apoyo técnico desde la perspectiva tanto de la distribución como de la producción de alimentos.
Esta sinergia explicaría, por ejemplo, que las cooperativas hayan sido las entidades pioneras en la introducción de métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente, como puedan ser la Producción Integrada o los estándares de certificación de producto. Adicionalmente, no es difícil percibir el hecho de que este tipo de asesoramiento técnico se basa en la proximidad y en el conocimiento profundo de la actividad productiva del socio, una de la grandes bazas del cooperativismo.
Además, es importante destacar que los técnicos de cooperativas, en coordinación con la actividad de distribución de fitosanitarios, juegan un papel fundamental en la transferencia efectiva de nuevas tecnologías en la protección vegetal.
Un compromiso con el medio ambiente
Las cooperativas agrarias en Catalunya han sido pioneras a la hora de colaborar en establecer un sistema práctico para la gestión de los residuos de envases de fitosanitarios que generan los agricultores. En el año 2000 la FCAC, conjuntamente con la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, impulsó la realización de una prueba piloto por parte de las cooperativas de tres zonas productoras (arroz en el Delta del Ebro, fruta en el Segrià y viña en el Penedès) para la recogida de estos residuos. A partir del éxito obtenido, esta experiencia se extendió al conjunto de los distribuidores de toda Catalunya y no exclusivamente al ámbito de las cooperativas. Este sistema es el que posteriormente ha adoptado SIGFITO Agroenvases en nuestro ámbito y que en la actualidad, como es conocido, está en proceso de regularización (firma de convenios, cambios en la operativa ...).
Las cooperativas continúan dominando esta red de puntos de recogida, debido principalmente a su amplia distribución territorial. Durante el 2000, en el marco del programa piloto inicial, se recogieron 4,87 toneladas de residuos de envases de fitosanitarios.
En el 2002 el conjunto de cooperativas recogieron 46,34 toneladas y en el 2003, con datos no definitivos, se recogieron cerca de 55 toneladas. La contribución de las cooperativas en el sistema de recogida es destacable: más del 86% del volumen corresponde a estas entidades.
Las razones de este comportamiento debemos buscarlas básicamente en tres puntos:
a) Un claro compromiso de las cooperativas por las cuestiones mediambientales.
b) La necesidad de que el ámbito de la producción cumpla con la normativa de residuos de envases, exigible en numerosas normas técnicas de calidad.
c) La visión de que este servicio adicional para el socio agricultor contribuye a dotar de mayor valor añadido a la propia distribución de fitosanitarios.
Perspectivas futuras y oportunidades para las cooperativas
Un primer reto por parte de la distribución de fitosanitarios, y en consecuencia por parte de las cooperativas, será adaptarse a los futuros cambios que se produzcan en la agricultura. Por una parte nos encontramos con una población agraria muy envejecida que, a corto-medio, plazo puede implicar un cambio radical en las prácticas culturales.
Adicionalmente, están pendientes de entrar en vigor las principales medidas aprobadas el pasado mes de junio de 2003 por parte del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en el marco de la revisión a medio plazo de la PAC. Principalmente la aplicación del nuevo régimen de ayudas "desacoplado" podría favorecer una cierta extensificación de la actividad agraria y en algunos casos, cambios en las orientaciones productivas, que afectarán notablemente las pautas de consumo de fitosanitarios. Por otra parte, continuará la necesidad de adaptarse no sólo a los nuevas tecnologías disponibles en Sanidad Vegetal sino a la orientación creciente de la actividad agraria hacia pautas tendentes a un mayor respeto por el medioambiente y la seguridad alimentaria.
Esta necesidad se desprendería no sólo de las nuevas exigencias del consumidor sino también de las orientaciones que la propia Comisión Europea enunciaba en su comunicación de 2002 al Consejo, al Parlamento y al Comité Económico y Social ("Hacia una estrategia temática para el uso sostenible de los plaguicidas"). En este contexto las cooperativas deberán ofrecer nuevos servicios adicionales (tratamientos conjuntos, por ejemplo) y profesionalizar aún más la asistencia técnica al agricultor.
A pesar de estas consideraciones, posiblemente el gran reto será conseguir la dimensión adecuada para poder continuar ofreciendo al agricultor socio, de forma competitiva, los inputs agrarios que necesita para su actividad. Para conseguir este objetivo se deberá, posiblemente, aumentar la propia intercooperación en el sector.
