La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado que la sistemática supresión de materias activas fitosanitarias por parte de la Unión Europea ha dejado a los horticultores “indefensos y sin soluciones” para hacer frente a los hongos –principalmente el mildiu en cebollas y la alternaria en algunas parcelas de patatas–, cuyos ataques se han visto favorecidos por las adversidades climáticas acumuladas durante primavera.
Las lluvias persistentes, la ola de frío ártico y los vientos de poniente han reducido un 50% la producción pendiente de recolección de cebollas y patatas en las comarcas valencianas de L’Horta y La Ribera, según AVA-ASAJA, que advierte de que este importante desplome de cosechas, unido a la escalada histórica de los costes de producción, “hunde la rentabilidad y amenaza con retroceder aún más su superficie e, incluso, con ser los dos próximos cultivos en desaparecer de la huerta valenciana”. Tras la prohibición del mancozeb y dimetamorf, los agricultores han tenido que recurrir a alternativas “más caras y menos eficaces”; no en vano, hay explotaciones que sufren mermas de producción a pesar de aplicar hasta catorce aplicaciones desde diciembre, según la organización agraria.
AVA-ASAJA reclama que no se prohíba ni una materia activa más sin contar con una alternativa de contrastada eficacia, urge a aprovechar todos los avances científicos en la búsqueda de esas soluciones sostenibles –incluida la edición genética, tal como están impulsando el resto de potencias mundiales– y pide a la UE que exija a las importaciones procedentes de países terceros las mismas restricciones fitosanitarias que deben cumplir los productores comunitarios. Cristóbal Aguado, presidente de la asociación, denuncia que “al igual que ocurre con el cotonet de Sudáfrica en los cítricos o la mancha foliar en los caquis, las pérdidas de producción que estamos sufriendo en las cebollas y las patatas son otro ejemplo del fracaso del Pacto Verde Europeo. La Unión Europea ha prohibido en una década dos terceras partes de las sustancias fitosanitarias autorizadas pero, lejos de reconocer el daño que está haciendo por no dotar al sector de alternativas eficaces, de aquí a 2030 aspira a recortar un 50% más los productos fitosanitarios. Con estas políticas verdes lo único que consigue Bruselas es una marcha marrón de campos dejados de cultivar porque los agricultores no tienen herramientas útiles para luchar contra las plagas y enfermedades”.