La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha adoptado su posición sobre las medidas para garantizar un uso sostenible de los plaguicidas y reducir el uso y el riesgo de todos los plaguicidas químicos en al menos un 50% para 2030. Los eurodiputados van más allá y proponen la reducción del uso de los productos fitosanitarios más peligrosos en un 65%, la prohibición de todos los plaguicidas químicos en zonas sensibles, incluidos los espacios verdes urbanos, y aumentar las ventas de plaguicidas de bajo riesgo en este periodo.
En el texto, aprobado con 47 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones, los eurodiputados afirman que para 2030, la UE debe reducir el uso y el riesgo de los productos fitosanitarios en al menos un 50% y el uso de los considerados “más peligrosos" en un 65%, en comparación con la media de 2013-2017. La Comisión propuso un objetivo del 50% para ambos sobre la base de la media de 2015-2017.
Los eurodiputados quieren que cada Estado adopte objetivos y estrategias nacionales, basados en los productos vendidos al año, su nivel de peligrosidad y el tamaño de su superficie agrícola. La Comisión verificaría entonces si los objetivos nacionales deben ser más ambiciosos para alcanzar los objetivos de la UE para 2030. Con el fin de afinar las estrategias nacionales, los países también deben contar con normas específicas para al menos los cinco cultivos en los que una reducción del uso de plaguicidas tendría el mayor impacto.
Los eurodiputados también quieren prohibir el uso de fitosanitarios (excepto los autorizados para la agricultura ecológica y el control biológico) en zonas sensibles -y dentro de una zona tampón de cinco metros-, en las que se incluyen todos los espacios verdes urbanos: parques, zonas de juego, áreas recreativas, caminos públicos, así como las zonas Natura 2000.
Según los eurodiputados, los países de la UE deben garantizar que los fitosanitarios químicos solo se utilicen como último recurso, tal y como establece la Gestión Integrada de Plagas. Para equipar mejor a los agricultores con sustancias sustitutivas, piden que la Comisión fije un objetivo de la UE para 2030 para aumentar las ventas de sustancias de bajo riesgo seis meses después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento para un Uso Sostenible de Plaguicidas. Además, insta a la Comisión a evaluar metodologías para acelerar el proceso de autorización de estas sustancias de bajo riesgo y los productos de biocontrol, “ya que los largos procedimientos actuales son un obstáculo importante para su adopción”. Los cambios introducidos por las nuevas normas serían graduales para minimizar cualquier impacto en la seguridad alimentaria.
El Parlamento insta a la Comisión a evaluar metodologías para acelerar el proceso de autorización de las sustancias de bajo riesgo y los productos de biocontrol
Los eurodiputados también proponen que, antes de diciembre de 2025, la Comisión examine las diferencias en el uso de plaguicidas en los productos agrícolas y agroalimentarios importados en relación con los productos de la UE y, si es necesario, proponer medidas para garantizar que las importaciones cumplen normas equivalentes a las de la UE (las llamadas cláusulas espejo). Además, se prohibiría la exportación de fitosanitarios no autorizados en la UE. “Esta votación nos acerca un paso más a la reducción significativa del uso de plaguicidas químicos para 2030. Es muy positivo que hayamos sido capaces de alcanzar compromisos viables en un debate cargado de ideología y dominado por la industria. Se han encontrado soluciones prácticas; por ejemplo, en áreas sensibles en las que los Estados miembros pueden hacer excepciones si es necesario. Para mí era especialmente importante garantizar que se ofreciera gratuitamente a los agricultores europeos asesoramiento independiente sobre medidas preventivas basadas en la gestión integrada de plagas”, declaró la ponente Sarah Wiener tras la votación.
Está previsto que el Parlamento apruebe su mandato durante la sesión plenaria del 20 al 23 de noviembre de 2023, tras lo cual podrá iniciar las negociaciones con los países de la UE.
Esta propuesta forma parte de un paquete de medidas destinadas a reducir la huella medioambiental del sistema alimentario de la UE y mitigar las pérdidas económicas debidas al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
