Las Jornadas de Productos Fitosanitarios del IQS regresaron cinco años después de su anterior edición, y reconvertidas en Plant Health Summit, para abordar del impacto positivo de la agricultura sostenible y reivindicar esta actividad imprescindible.

El Instituto Químico de Sarrià retomó el 3 de julio esta actividad pionera sobre sanidad vegetal con un merecido homenaje a Francesc Barelles, secretario de las Jornadas de Productos Fitosanitarios durante sus cuarenta ediciones.

Tras una serie de ponencias técnicas, algunas de las cuales se pueden encontrar transformadas en artículos en el último número de la revista Phytoma, el colofón de Plant Health Summit fue la mesa redonda Agricultura sostenible: ¿utopía o realidad?, en la que se debatió si este modelo de producción es viable, el papel que juega la innovación y su adopción por parte del sector. En ella participaron Elisenda Guillaumes, directora general de Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Catalunya; Jesús Barreiro-Hurle, científico senior del Joint Research Centre de la Comisión Europea; Carlos Palomar, director general de AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas); Jordi Riudavets, responsable de Protección Vegetal Sostenible del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA); y Rubén Garcia, técnico de sanidad vegetal en la Agrupación de Defensa Vegetal (ADV) Cellers Domenys.

La propuesta de la Comisión del reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, actualmente en el cajón, a la espera de una nueva versión de consenso, protagonizó parte del debate. Jesús Barreiro-Hurle admitió que el reglamento “tenía muchas cosas y un problema: la cifra del 50%”, en referencia al objetivo de reducción del uso e impacto de los fitosanitarios hasta 2030. Un objetivo, además, difícilmente cuantificable: “Queremos reducir el 50% de algo que desconocemos; estamos dando palos de ciego”, reconoció el investigador del JRC, centro ubicado en Sevilla y dedicado a generar y aportar conocimiento para apoyar las políticas de la UE.

Carlos Palomar pidió a la Comisión “diálogo sincero” con todos los actores implicados, y coincidió con los otros ponentes en que el reglamento retirado contenía muchas medidas positivas. De hecho, propuso desarrollarlo con actos delegados para poder avanzar en el uso de drones en la aplicación de fitosanitarios, o en un registro más ágil de productos biológicos, tal como recogía la propuesta legislativa.

“Necesitamos que la Comisión no regule tanto”, reflexionó Elisenda Guillaumes. Como ejemplo, recordó el planteamiento de prohibir los fitosanitarios en las llamadas ‘zonas sensibles’, que, según la directora general de Agricultura y Ganadería, en Cataluña representan el 60% de la superficie agraria. O el procedimiento de retirada de fitosanitarios, que puede poner en peligro muchas producciones: “Antes de que caiga cualquier sustancia activa, deberíamos saber si hay alternativas. No nos podemos quedar sin productos”.

Antes de que caiga cualquier sustancia activa, deberíamos saber si hay alternativas. No nos podemos quedar sin productos

Rubén Garcia lamentó que, por la presión burocrática a la que se ven sometidos los agricultores, los técnicos de ADV “hablamos más de ordenadores que de campo”.

“La sanidad vegetal, en España en general y en Cataluña en particular, estamos pasando un momento complicado de reducción de personal”, reconoció Jordi Riudavets, en alusión a los investigadores especializados en protección vegetal. El científico del IRTA señaló que hay un relevo generacional pendiente. En el lado positivo de la balanza, destacó la inversión en infraestructuras que están acometiendo las administraciones.

De los proyectos de investigación impulsados por la UE, Riudavets defendió los grupos operativos, que permiten la colaboración directa entre los agricultores y los investigadores. “No existe innovación si no se transfiere”, subrayó el investigador catalán, que aboga, frente a los macroproyectos que financia la UE, por proyectos menos ambiciosos, pero en el que el retorno de la inversión es mayor. “La investigación es lenta, y a veces los agricultores necesitan respuestas rápidas”, admitió Riudavets.

Barreiro-Hurle sacó a colación otro reglamento que todavía no ha salido adelante: el de las nuevas técnicas genómicas (NGT). “Hemos perdido otra batalla más en ese campo”, lamentó. El JRC participó en este texto legislativo proporcionando evidencias sobre los beneficios económicos de las técnicas de edición genética para los agricultores. En ese sentido, el ponente propuso asegurar “zonas libres de registro” donde ensayar con las NGT y poder medir los riesgos que ralentizan su adopción.

Sobre la percepción en la sociedad del sector de fitosanitarios, Palomar reconoció que se debían destinar más recursos a la comunicación para contrarrestar la imagen negativa que a veces se ofrece desde otros ámbitos.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acción Climática de Cataluña ha desarrollado el sello PAS (Producción Agraria Sostenible), que permite evaluar, clasificar y reconocer las explotaciones agrarias catalanas según su nivel de sostenibilidad desde la triple vertiente (ambiental, social y económica), de forma objetiva y cuantitativa. Una manera de reconocer y diferenciar los productos elaborados bajo ciertas premisas productivas en una actividad que, a pesar de los obstáculos, sigue siendo imprescindible. “A día de hoy, la inteligencia artificial no nos alimenta; necesitamos los cultivos”, ironizó Guillaumes.