La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas físicas y dos jurídicas por el uso y comercialización de fitosanitarios prohibidos en España. Gracias a esta operación han sido localizadas varias explotaciones agrícolas en los alrededores del Parque Nacional de Doñana, en Huelva, que usaban estos productos.

Los agentes del destacamento del Seprona en Doñana identificaron a un vehículo en el espacio protegido del Parque Doñana norte y oeste que transportaba 24 garrafas de un fitosanitario prohibido en España, el insecticida clorpirifos, y etiquetadas en portugués. Así se inició una investigación que, en unión con técnicos del Servicio de Sanidad Vegetal andaluz, inspeccionaron naves de la zona agrícola de donde procedía el vehículo y hallaron doce toneladas de productos fitosanitarios no autorizados. El beneficio ilícito estimado ronda los siete millones de euros. Asimismo, se tomaron muestras en dicha plantación y fueron remitidas a un laboratorio oficial, que confirmó la presencia del clorpirifos, un insecticida prohibido en la Unión Europea desde 2020.

Al ser de origen portugués, los agentes solicitaron la colaboración de la Guardia Nacional Republicana (GNR), y la coordinación de EUROPOL, para conocer la trazabilidad real de este producto y detener el tráfico ilegal de estas sustancias peligrosas. Además, al no encontrarse etiquetados en castellano, los productos suponían un riesgo para la salud de los agricultores, al no reflejarse claramente los métodos de uso y de protección obligatorios y un riesgo para el consumidor por tratarse de productos con fitosanitarios no autorizados. También han sido analizados los riesgos para el medioambiente y los ecosistemas de la aplicación de este tipo de fitosanitarios ilegales, teniendo en cuenta la especial protección del Parque Nacional de Doñana.

Mientas continúa la investigación para confirmar la implicación de más autores en los hechos descritos, las primeras diligencias instruidas han sido entregadas a las autoridades judiciales. Las personas investigadas lo son por delitos contra la salud pública, falsedad documental y contra los recursos naturales y el medioambiente.

Esta operación está englobada dentro del EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas) de la Comisión Europea.