La estrategia Farm to Fork (de la granja a la mesa) para asegurar alimentos sostenibles, que la Comisión presenta esta miércoles como parte del Pacto Verde Europeo e incluye, entre sus objetivos, reducir significativamente el uso de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos, inquieta al sector agrario. Unión de Uniones pide que se aplace hasta conocer las consecuencias de la crisis del COVID-19 y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) tacha estos planes de “utópicos y suicidas” no hayan alternativas naturales eficaces contra las plagas, enfermedades y malas hierbas.

El objetivo de este plan europeo es fortalecer la lucha contra el cambio climático, proteger el medioambiente y preservar la biodiversidad, además de fomentar el consumo sostenible de alimentos y promover alimentos saludables y asequibles para todos. La Comisión ha avanzado su propósito de identificar las medidas necesarias para lograr estas reducciones de fitosanitarios y fertilizantes “basadas en un diálogo con los interesados”.

El sector agrario no ha esperado a la presentación de esta estrategia para pedir su aplazamiento. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos reclama que se analice pormenorizadamente las consecuencias antes de implementar cualquier medida que pueda restringir todavía más la viabilidad económica de las explotaciones, dado el panorama de recesión previsible a corto y medio plazo ocasionado por la pandemia. Ante los objetivos vinculantes de reducción del uso de fitosanitarios químicos contemplados en esta estrategia, recuerda que han dado como resultado un aumento de los costes de producción por parte de los agricultores y ganaderos, pero que, a su vez, se siguen utilizando en países extracomunitarios y se ofrecen en los lineales de los supermercados. Este hecho genera situaciones de competencia desleal y afecta a la capacidad productiva de los productores estatales. “No podemos soplar y sorber al mismo tiempo”, apuntan desde la organización. “Si la Comisión pretende aumentar los estándares ambientales, de calidad y seguridad alimentaria a nivel europeo, debe exigir, como mínimo, lo mismo a los productos que vienen de fuera”.

Unión de Uniones considera que “los objetivos estipulados para el campo en el Pacto Verde han de ser alcanzables y realistas y deberían tenerse en cuenta también en las producciones que se importan desde países terceros”. Igualmente, señalan que la Ley española de Cambio Climático va exactamente en la misma línea, fijando unos compromisos para el campo que difícilmente se pueden cumplir sin poner en peligro la viabilidad de las explotaciones y los cultivos. “El papel todo lo aguanta, pero el campo no. No podemos ser la Cenicienta también esto. Objetivos muy difíciles de cumplir y mucho más exigentes y limitantes que los de cualquier otro sector”, denuncian en un comunicado.

Por su parte, AVA-ASAJA señala que “las políticas verdes impuestas por las autoridades comunitarias actúan al margen, incluso en dirección opuesta, a las directrices agrarias llevadas a cabo en el resto del mundo”, una circunstancia que, a juicio de la asociación, “condena al sector agrario europeo a una pérdida progresiva de competitividad tanto en el mercado global como en el propio mercado europeo, donde se permite a las importaciones de países terceros el empleo de sustancias prohibidas a los agricultores comunitarios”. 

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que “los agricultores somos los primeros interesados en contar con la agricultura más segura y sostenible pero, al competir en un mundo globalizado, esa aspiración será irrealizable si la Unión Europea intenta llevarla a cabo de forma unilateral y sin medir su impacto económico. Convertirnos en el vertedero mundial de las plagas y enfermedades vegetales introducidas desde países terceros y, al mismo tiempo, arrebatarnos las herramientas necesarias para hacerles frente, mientras el resto del mundo sí puede utilizarlas, significa condenarnos al desperdicio alimentario, a la competencia desleal y a la ruina. En lugar de soñar por su cuenta, Bruselas debería poner los pies en el suelo y buscar coincidencias con el exterior, tanto a la hora de investigar nuevos métodos de lucha como de aplicar normas recíprocas de mercado”.

“No se entiende que la clase política continúe empecinada en castigar a la agricultura europea con más restricciones y menos apoyos. Queriendo evitar un problema ambiental que se ha demostrado exagerado, Bruselas genera otro muchísimo peor al incentivar el abandono de tierras agrarias y la dependencia alimentaria de países terceros”, añade Aguado.