Un grupo de científicos, respaldados por expertos en Derecho y representantes del sector empresarial agroalimentario, coincidió en un simposio virtual para reclamar un cambio urgente en la legislación europea sobre la edición genética de plantas, después de que la Comisión Europea abriera la puerta a revisar el marco jurídico.

El simposio, titulado Edición Genómica de Cultivos: más allá de la ciencia, fue organizado por la sección española de EU SAGE (alianza de más de 130 sociedades científicas y centros de investigación europeos) y BIOVEGEN-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal (asociación de 135 empresas y centros de investigación en innovación vegetal), y auspiciado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Contó, además, con el apoyo institucional del Gobierno, ya que fue inaugurado por el Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y clausurado por José Antonio Sobrino, subdirector general de Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La edición genómica es una tecnología que permite introducir cambios en la región del genoma que se desee. Esto facilita el poder modificar características importantes de los cultivos, como la productividad o la resistencia y tolerancia frente a sequía, altas temperaturas y enfermedades; y lo hace, al contrario de otras técnicas de mejora utilizadas tradicionalmente, manteniendo el resto del genoma intacto. Sin embargo, en la Unión Europea se le aplica el mismo marco jurídico que a los organismos modificados genéticamente, los trangénicos. “España dispone de grupos de investigación punteros en edición genética de cultivos, que están haciendo contribuciones relevantes, pero lamentablemente muchos de estos desarrollos no pueden llevarse al mercado en Europa debido a las barreras que supone la legislación restrictiva actual. Es necesario que Europa elimine cuanto antes estas barreras”, pidió Antonio Granell, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas IBMCP (CSIC-UPV) y organizador del simposio.

Además de Granell, participaron en el simposio otros científicos de amplio bagaje, como Francis Mojica, de la Universidad de Alicante, que descubrió las secuencias repetidas en arqueas y su papel en los mecanismos de inmunidad de las células procariotas, hallazgo que constituye la base del desarrollo de la tecnología de edición genéticas CRISPR/Cas; Lluís Montoliu, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), pionero en la introducción y uso de la tecnología CRISPR; Francisco Barro, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), primero en utilizar con éxito tecnologías de RNAi y editado para el desarrollo de variedades de trigo duro y harinero con muy bajo contenido en gliadinas; Diego Orzáez, del IBMCP, que lidera el desarrollo y optimización de las tecnologías de edición genética en plantas para su utilización biotecnológica; y Pere Puigdomènech, del Center for Research in Agricultural Genomics - CRAG (CSIC-IRTA-UAB-UB), que ha participado en los primeros proyectos de aislamiento de genes y de secuenciación de genomas de plantas en España.

A lo largo de la jornada se repasó el estado actual de esta tecnología que, en palabras de Barro, “acelera los programas de mejora genética tradicionales”. El CRISPR/Cas ya ha logrado numerosos logros en sanidad vegetal. Por ejemplo, se han conseguido variedades resistentes a virus, hongos y bacterias, como la bacteriosis vascular del arroz o la cancrosis en cítricos, ambos del género Xanthomonas. Actualmente, el IVIA está desarrollando un proyecto de mejora genética en la variedad de arroz bomba para conferirle resistencia frente al hongo Pyricularia oryzae, que causa mermas importantes en los arrozales valencianos. “Sería una tragedia que si lo consigue, los agricultores y consumidores no nos podamos beneficiar por razones legislativas”, lamentó Diego Orzáez.

“El consumidor final no percibe los beneficios que la biotecnología tiene en la agricultura, pero sí los ve en la salud”, comparó Barro, poniendo de ejemplo las vacunas. “Tenemos que comunicar mejor: la biotecnología está para solucionar problemas”.

Tras la participación entusiasta de los científicos, expertos en derecho comunitario explicaron el marco legislativo vigente y las dificultades para modificarlo. “La normativa debe proteger las innovaciones al tiempo que los intereses de los ciudadanos y el medioambiente, pero debe adaptarse a las nuevas tecnologías. Existen mecanismos para adaptar la actual legislación, eximiendo a la edición génica de la sobrerregulación de los transgénicos, al igual que hace con las plantas mejoradas mediante mutagénesis física o química. O bien elaborar una legislación ad hoc para las plantas editadas; es una cuestión de voluntad política”, manifestó Felipe Palau, catedrático de Derecho Mercantil de la UPV y moderador de la sesión de aspectos sociales, económicos y legislativos del simposio.

“El marco regulador de la agroalimentación europea merece muchos cambios”, añadió Leire Escajedo, profesora de Derecho Constitucional y experta en gobernanza multinivel, tras explicar el impacto de la “desafortunada” Directiva 2001/18/CE, que regula la liberación en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y se aplica a las nuevas téncicas de mejora vegetal, y el complicado proceso de la toma de decisiones en la UE en este asunto, que “reserva un amplio margen de discrecionalidad política” a los Estados miembros, que pueden decidir no cultivar trangénicos aunque hayan superado el riguroso dictamen científico de la EFSA.

Gonzaga Ruiz de Gauna, director de BIOVEGEN, señaló que el sector productivo necesita innovar para poder disponer de variedades con las que competir en igualdad de condiciones. “Además, la edición genómica es una tecnología trascendental para conseguir los objetivos de productividad y sostenibilidad del sector agroalimentario marcados en la estrategia europea ‘De la Granja a la Mesa’. Resultaría muy difícil entender que una tecnología tan beneficiosa para toda la cadena de valor, desde el productor hasta el consumidor, sea accesible en otros países avanzados como EE UU, Canadá o Japón, donde no está sujeta a una regulación estricta, y que no lo sea en Europa, obligando a los agentes de la cadena de valor a desplazarse a terceros países para aplicarla”.