La Interprofesional Citrícola Española denuncia “la alarmante pérdida de crédito” en materia de seguridad alimentaria que está sufriendo la Unión Europea por su “pasividad” ante las reiteradas alertas sanitarias con las importaciones de cítricos turcos. Hasta el 27 de octubre, los cítricos de Turquía acumulan este año 181 notificaciones del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE (RASFF), 16,4 veces más que las registradas en todo 2019 (11) y mucho más del doble que las de 2020 (75). En todos los casos se trata de partidas en las que se acreditó la presencia de plaguicidas por encima del Límite Máximo de Residuos (LMR) y/o en las que se detectaron otros plaguicidas no autorizados por la UE.
Así describe la presidenta de Intercitrus, Inmaculada Sanfeliu, lo que viene aconteciendo este año con las cifras oficiales del RASFF, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE, que acredita niveles de incumplimientos en esta materia sin precedentes. Efectivamente,
Turquía y Egipto acaparan el 90,4% del conjunto de alertas del RASFF registradas por tales motivos (226 de las 250) en el periodo citado. El problema más recurrente se da con el grupo de insecticidas cuya retirada ha causado mayor impacto en la producción española de cítricos, los de la familia del clorpirifos: hasta un 66% de las alertas se refieren a lotes en los que se detectó la presencia de alguna de estas sustancias prohibidas en la UE (metil-clorpirifos, clorpirifos o clorpirifos-etil).
Intercitrus denuncia, además, que la situación del metil-clorpirifos en España contrasta con la de Italia, que en noviembre del año pasado aprobaron una autorización excepcional en nectarina y melocotón, que han mantenido este año en producciones que en cualquier caso no podrán exportar por superar el LMR de esta sustancias.
En mayo de 2020, la Comisión Europa pasó a considerar a las mandarinas y naranjas procedentes de Turquía como ‘productos de riesgo’ y se ordenó desde entonces inspeccionar en frontera el 10% y el 5%, respectivamente, de los lotes importados. La semana pasada, elevó este porcentaje hasta el 20% de las partidas de mandarinas, naranjas y, ahora también, de limones turcos. Sin embargo, Intercitrus considera que tal porcentaje sigue siendo muy bajo, y reitera la evidencia de que “el restante 80% de mercancía no controlada está siendo producida con los mismos estándares y conteniendo los mismos niveles de residuos. Esto es, siguen suponiendo una amenaza para la salud de los consumidores europeos pues no en vano Turquía exporta a la UE unas 300.000 Tm de cítricos anuales”.
La situación generada con Turquía contrasta con las relaciones que mantiene la gran distribución europea con los exportadores españoles, “a los que imponen protocolos en materia de residuos mucho más exigentes, con LMR hasta un 70% más bajos que los oficiales, reclamando cumplir conceptos no regulados por la UE (como aplicar una suma máxima de LMR por muestra en porcentaje), llegando incluso a proponer ‘listas negras’ de plaguicidas prohibidos discrecionalmente”, expone la interprofesional.
A juicio de Intercitrus, la “complaciente” actitud del ejecutivo comunitario con Turquía mantenida durante tantos semestres “a costa de la seguridad alimentaria de los consumidores” solo se entiende por el interés de evitar que se repitan episodios como el acontecido a principios de 2020, “cuando el presidente turco decidió romper el acuerdo de 2016 suscrito con la CE –que supuso una ayuda financiera de 6.000 millones de euros para afrontar la crisis de refugiados de Siria- y empujó o dejó pasar a los migrantes que se encontraban en su territorio, provocando una grave crisis humanitaria en la frontera grecoturca”.
