El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda lectura, el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de la Cadena Alimentaria, con un triple objetivo: dotarla de más transparencia, mejorar el equilibrio entre sus eslabones y proteger al eslabón más débil, los agricultores y ganaderos. Tras esta aprobación, inicia ahora su trámite parlamentario con intención de que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021.
Con las actualizaciones de la ley realizadas, se fomenta la transparencia en la formación de precios y se protege a los eslabones más débiles por su posición en la cadena, al tiempo que se estimulan las relaciones comerciales y la innovación a través de la mejora de la operatividad de las transacciones, según ha destacado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
El proyecto de ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, amplía la lista de nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas y actualiza las infracciones y sanciones. El Gobierno considera imprescindible y prioritario perseguir las prácticas desleales que generan situaciones de desequilibrio entre los operadores y que comprometen la capacidad de negociación de las partes más débiles.
Para el ministro Planas, “el proyecto de ley es un paso adelante para un sector, el agroalimentario, altamente competitivo y que ha hecho un trabajo excelente en los últimos siete meses para abastecer de alimentos a la población española y mantener el pulso exportador”.
El proyecto de ley amplía el ámbito de aplicación espacial y material de la norma: no solo afectará a las relaciones comerciales internas, sino que se extenderá también a las de ámbito comunitario en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro. También aplicarán sus prohibiciones y sanciones en las relaciones de un operador establecido en España y otro de un tercer país.
Además, se amplían los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones, se incorporan prácticas comerciales desleales que, a día de hoy, no están recogidas en la legislación española, fruto de la trasposición de la directiva europea, como la modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a volumen o la devolución de productos no vendidos, salvo pacto expreso.
La nueva norma incorpora nuevas infracciones o recalifica otras para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma, como la cancelación de un pedido treinta días antes de la fecha de entrega (leve) o la obstrucción de la inspección (grave). Exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado que pasa de leve a grave.
Estas novedades se suman a las introducidas a inicios de 2020 como respuesta urgente a la grave situación en que se encontraba el sector primario.
Tras la aprobación del anteproyecto de ley, Unión de Uniones de Agricultores y ganaderos ha manifestado que es “manifiestamente mejorable” y ha lamentado que no haya incluido “instrumentos importantes para reforzar la figura de los productores, como la definición de posición de dominio”.
La organización agraria reclamará en el trámite parlamentario que se haga una reforma contundente en defensa de los productores, que contemple una redefinición de la venta a pérdidas, refuerce el régimen sancionador e incluya la posición de dominio en la Ley de cadena alimentaria entre otras cuestiones.
Unión de Uniones considera que la ley es necesaria y mejorable, pero que no tendrá repercusión real en el campo, si no se cuenta, además, con una “política de comercio internacional que defienda nuestro modelo productivo, una intensa y coordinada lucha contra el fraude por parte de todas las administraciones, un firme compromiso sectorial de reequilibrar la cadena en beneficio de todos y con interprofesionales que tengan de verdad sus raíces en el sector y sean algo más que una cara agencia publicitaria”.
