La actual estrategia “De la Granja a la Mesa” de la Unión Europea (UE) tiene como uno de sus principales objetivos reducir a la mitad el uso de productos fitosanitarios. Con unas 165.000 toneladas anuales, los fungicidas suponen el 46% de los fitosanitarios que se aplican en la UE, muy por encima de los insecticidas, que representan aproximadamente un 11% del total. El consumo de fungicidas no es exclusivo de la agricultura convencional y se utilizan también ampliamente en producción ecológica. De hecho, los compuestos inorgánicos (cobre y azufre) representan aproximadamente la mitad del mercado de fungicidas en la UE. A nivel nacional, los valores porcentuales son similares, con cerca de 40.000 t anuales los fungidas suponen un 50% de los fitosanitarios, siendo España el país que más fungicidas utiliza de toda la UE (Eurostat, 2022).
A pesar de las medidas establecidas hace más de una década por la Directiva 2009/128/EC para el uso sostenible de fitosanitarios, el consumo de estos productos en la UE apenas se ha reducido durante los últimos años (ECA, 2020). Por otra parte, la disponibilidad diferentes grupos químicos y modos de acción de los fungicidas en la UE se ha visto sustancialmente limitada por la actual legislación europea [Directiva 2009/128/EC y Reglamento (EC) 1107/2009]. En este contexto, la drástica reducción en el uso de fitosanitarios que plantea la estrategia “De la Granja a la Mesa” supone un reto sin precedentes que debe afrontar la agricultura europea.
Uno de los factores asociados al incremento en el uso de fitosanitarios en la UE es la introducción de nuevas plagas y enfermedades. Los controles reglamentarios al movimiento de plantas y productos vegetales son la principal prevención contra la introducción de nuevas plagas y enfermedades en la UE. En la actualidad, las medidas fitosanitarias están reguladas por el Reglamento (UE) 2016/2031 y una serie de actos de ejecución y delegados, que establecen restricciones a la introducción de plantas y material vegetal en la UE, procedentes de terceros países. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales y de una estricta legislación, las invasiones biológicas han seguido aumentando en las últimas décadas (Seebens y col., 2017), causando importantes daños económicos y ambientales (Cook y Proctor, 2007). Se estima que cada año se detectan de media unos diez nuevos organismos nocivos en el territorio de la UE, y en algunos años se producen hasta 25 nuevas introducciones de plagas y enfermedades (Rosace y col., en revisión). Entre los patógenos, algunos de los casos más destacados en los últimos años son la bacteria Xylella fastidiosa, el hongo Fusarium circinatum, considerado una de los patógenos más importantes de las coníferas en todo el mundo (Wingfield y col., 2008), o el virus del mosaico del pepino, que puede causar graves pérdidas de rendimiento y reducir la calidad de la fruta en los cultivos de tomate afectados (Spence y col., 2006). Aunque se trata sin duda de un escenario con margen de mejora, sin las medidas actualmente en vigor la situación sería mucho peor. De hecho, es probable que algunas de estas nuevas introducciones estén asociadas a actividades en las que no se observan estas medidas fitosanitarias, como el comercio ilegal de plantas o los movimientos de pasajeros. Debido al aumento del comercio mundial y a la rápida evolución del clima, es probable que el riesgo de nuevas introducciones de plagas y enfermedades aumente en los próximos años.
