En los últimos años se ha confirmado el interés de inversores privados por la actividad agraria, como actividad empresarial y, por tanto, como destino de inversiones para conseguir rentabilidad de las mismas. Los fondos de inversión adquieren terrenos próximos, que suelen estar fragmentados por herencias y falta de relevo generacional, especialmente en cultivos intensivos y/o altamente mecanizados. Asimismo, la entrada del capital riesgo en los últimos años se ha dado sobre todo mediante operaciones de fusión y adquisición de empresas del sector agroalimentario.

Propuesta ante Hacienda está la consideración de que las SOCIMIS (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) entren con sus condiciones en el terreno agrario, adquiriendo fincas agrícolas, más allá de los activos inmobiliarios de naturaleza urbana en los que invierte actualmente. Las Socimis, actualmente, invierten en activos urbanos dirigidos al arrendamiento de oficinas, locales, centros comerciales, hoteles, viviendas en alquiler o almacenes logísticos. Las Socimi nacieron para poder acogerse a ventajas fiscales. Así, tienen la ventaja fiscal de tributar al 0% en el Impuesto de Sociedades, tienen bonificaciones (hasta el 95%) en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; a cambio, están obligadas a repartir al menos el 80% de su beneficio en dividendos. Además, deben cotizar en alguna Bolsa europea. Una intención de la propuesta es atraer capital para dinamizar un entorno rural muy envejecido y de cultivos pequeños y poco rentables, además de dotar al país de autosuficiencia frente a crisis como la pandemia de Covid-19 o la Guerra de Ucrania. Las Socimi agrícolas serían sociedades que agruparían terrenos, gestionadas por un operador agrario especializado, y que repartirían dividendos entre sus accionistas.

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