Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pasó por el XVI Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, celebrado en Sevilla del 30 de marzo al 1 de abril, con un mensaje rotundo: hay que reducir al máximo la concesión de autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios.
En 2020, se utilizaron en España 8.613 toneladas de fitosanitarios prohibidos, más del doble que el año anterior (3.926 toneladas), gracias a las autorizaciones excepcionales concedidas por el propio ministerio. “No tiene sentido que casi el 10% de la utilización de productos fitosanitarios en España sean productos prohibidos”, lamentó Almansa. Gran parte del uso de las sustancias prohibidas autorizadas en 2020 lo coparon el dicloropropeno y la cloropicrina, utilizados para la desinfección de suelos en numerosos cultivos y muy eficaces frente a nematodos y hongos.
Este incremento afectó a los indicadores de riesgo armonizados, que surgen de la Directiva (UE) 2019/782 y sirven para medir la evolución en la reducción del impacto de los plaguicidas, uno de los objetivos fijados por la Unión Europea en su estrategia De la granja a la mesa. El cálculo de estos indicadores no solo tiene en cuenta la cantidad de sustancias activas utilizadas, sino qué sustancias: las prohibidas penalizan mucho más y “masacran el indicador”, en palabras de Almansa.
