Como ya dijimos en Phytoma de Febrero, el Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre el proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2013, para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Ha comenzado su trámite parlamentario con intención de que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021. Esta ley pretende fomentar la transparencia en la conformación de precios y proteger a los productores en origen, los eslabones más débiles en la cadena. Se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva europea 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario, y se actualizan las infracciones y sanciones para impedir las prácticas que generan situaciones abusivas. Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de control en el ámbito nacional, así como organismo de contacto con las autoridades europeas.
La AICA contará en 2021 con 8,3 millones de euros para reforzar sus labores de control del cumplimiento de la ley. La agencia realizó 320 inspecciones de oficio a lo largo de 2020, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria. Del total de inspecciones, 168 se realizaron en el sector lácteo, 100 en el vitivinícola, 24 en el ámbito de las frutas y hortalizas y 16 en el del aceite de oliva.
La prácticamente continua subida de costes de producción de productos agrarios de los últimos años no ha llevado en paralelo la subida de los precios en origen, generando injusticias en el reparto de márgenes. Se ha verificado una clara inelasticidad1 de los precios en destino en relación a los precios en origen pagados al agricultor o ganadero. El pago a éstos, en muchos casos, con precios por debajo de los costes deriva en la inviabilidad económica de las explotaciones. Se está acelerando un cambio de modelo hacia un sistema con menor presencia de pequeños agricultores y explotaciones familiares, y mayor presencia de grandes empresas con capital externo a la agricultura.
