Cualquier nueva tecnología en el sector agrario, y en cualquier otro sector, se fundamenta y se inicia con los trabajos de investigación aplicada, pero los frutos de esta fase inicial son el imprescindible desarrollo para ajustar los frutos de la investigación a la realidad y diversidad del campo. Y lo que es más importante, es esencial ganar la confianza y concienciación del sector, especialmente cuando supone un cambio estructural a la rutina en la forma de actuar.
Esta labor de introducción puede verse facilitada con el apoyo económico en los primeros años de ejecución, pero sin llegar a perpetuarse en el tiempo; además, la creación de un marco regulatorio es fundamental para asegurar la calidad de material puesto a disposición del productor y del consumidor final.
La vulneración de alguna de estas etapas o acelerar los procesos conllevará a un fracaso y pérdida de confianza difícil de recuperar y, lo que es más peligroso, la aparición de algunos oportunistas que echen por tierra el trabajo de los investigadores.
Toda esta casuística fue posible para la perpetuación del control biológico en el sureste español y nos permite celebrar estos 25 primeros años.
La necesidad en trabajar en el control biológico en la Región de Murcia surge bajo la premura de encontrar soluciones a determinados problemas que surgieron a nuestros productores de pimiento en invernadero: la aparición de nuevos organismos nocivos, como es el caso de Frankliniella occidentalis, Bemisia tabaci y Tomato spotted wilt virus (TSWV); la intensificación de los tratamientos fitosanitarios para el control de los insectos vectores, que llevó a la aparición de problemas de resistencias generados por el uso continuado de determinadas sustancias activas; a eliminación de un amplio número de plaguicidas como fruto del Programa de Revisión de Sustancias Activas establecido por la Directiva 91/414, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios.
Por otro lado, la intensificación de la exportación y la aparición del Reglamento (CE) n ° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal, estableció por primera vez en la Unión Europea unos Límites Maximos de Residuos (LMR) armonizados, lo que ocasionó problemas de residuos en cosecha en destino.