Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo ha evaluado el impacto de la Directiva 2009/128/CE sobre el uso sostenible de plaguicidas, que promovió la gestión integrada de plagas, diez años después de su aprobación. Los auditores observan “escasos progresos” en la aplicación de las medidas para reducir la dependencia de los productos fitosanitarios en la agricultura europea.
El informe destaca que varios Estados miembros se retrasaron en incorporar la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas a la legislación nacional, y en 2012 se iniciaron procedimientos de infracción contra dos de ellos (Bulgaria y Luxemburgo). Los auditores también constataron que la Comisión Europea no había verificado adecuadamente la integridad y la exactitud de la transposición de la Directiva. Así, no todos los Estados miembros incorporaron a la legislación nacional el requisito de que los agricultores aplicaran la gestión integrada de plagas. Sin embargo, reconocen los auditores, desde 2016 la Comisión ha tomado más medidas para hacer aplicar esta Directiva.
El texto elevó a rango de ley la adopción de la gestión integrada de plagas, que implica la utilización de fitosanitarios sólo cuando sea estrictamente necesario, una vez la prevención y otros métodos alternativos no hayan resultado eficaces. Sin embargo, no existen criterios claros ni requisitos específicos que sirvan para garantizar la aplicación y evaluar el cumplimiento de la norma, según el informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
El informe destaca que, de un total de 487 sustancias activas aprobadas para su utilización en productos fitosanitarios en la UE, sólo dieciséis son consideradas de bajo riesgo, el 3%. Los auditores también señalan la carencia de incentivos para reducir la dependencia de los plaguicidas. Por ejemplo, la asunción los principios generales de la gestión integrada de plagas no constituye una condición para recibir los pagos de la PAC. “Pese a que se fomentan las prácticas agrícolas más sostenibles, hay pocas medidas que disuadan a los agricultores de utilizar productos fitosanitarios ‘estándar’ en lugar de recurrir a métodos no químicos o alternativos”, apunta el Tribunal de Cuentas Europeo.
