Defender el buen uso de los fitosanitarios no está de moda. O no tanto como debería estarlo, cuando ofrecen importantes beneficios frente a posibles soluciones alternativas. La presión política basada en percepciones engañosas parece olvidar que los fitosanitarios constituyen herramientas de uso seguro aplicadas de acuerdo con las etiquetas autorizadas, que facilitan la vida de los agricultores, y su desaparición contribuiría a un mayor ‘vaciado’ de nuestros campos.
El rigor en la evaluación de los fitosanitarios es extremo, pues mientras que todos los aplicadores somos inocentes hasta que judicialmente se demuestre lo contrario, muchos fitosanitarios autorizados han tenido que superar nuevos estudios, impuestos con carácter retroactivo –a pesar de su empleo sin problemas durante décadas-, partiendo de la base de que no son productos de uso seguro hasta que se demuestre lo contrario.
A escala comercial, se sigue insistiendo en los beneficios del ‘residuo cero’, olvidando que los LMR o tolerancias se establecen para permitir el seguimiento de las buenas prácticas autorizadas, siempre por debajo de los niveles que podrían ser nocivos para aplicadores o consumidores. Los informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reflejan ausencia de residuos detectables en cerca de la mitad de miles de muestras analizadas cada año, sin evidencia de mayor seguridad cuando no se sobrepasan las tolerancias autorizadas. Además, sigue siendo válida la afirmación por expertos indicando que el 99% del peso de residuos con actividad pesticida son sustancias de origen natural, producidas por las plantas para defenderse de otros organismos. Como ocurre con otros medios de producción, su aplicación a dosis no recomendadas no añade nada a la seguridad y podría ser contraproducente, distrayendo recursos necesarios para aumentar la eficiencia y sostenibilidad.
