La promoción de estas entidades, que no tienen réplica similar en otros países de nuestro entorno, fue sin duda una exitosa idea del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su actividad se inició cuando comenzaba a declinar el asesoramiento técnico, que hasta entonces prestaba, con gran acierto, el Servicio de Extensión Agraria. En algunas comarcas y sectores productivos los técnicos de las ATRIAs intentaron suplir esa carencia, puesto que en su actividad éstos fueron nuevos referentes no solo en los aspectos relativos a la sanidad vegetal, sino también en otros como la fertilización, el riego o la elección varietal.
La entrada en vigor en España de la Directiva 128/2009 (CEE), por la que se establece la obligatoriedad de aplicar los principios de la gestión integrada de plagas en la mayoría de las producciones agrarias, y en la que se reconoce de forma expresa que ya cumplen con este precepto las explotaciones integradas en estas agrupaciones, supuso un importante respaldo.
La Orden Ministerial de 26 de julio de 1983 (BOE 186 de 5 de agosto) y la de 17 de noviembre de 1989 (BOE 280 de 22 de noviembre) fomentaron y regularon las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs). Según se indica en las citadas disposiciones, su objetivo era la constitución, en cada cultivo o grupos de cultivos, de agrupaciones de agricultores con la finalidad de racionalizar el empleo de productos fitosanitarios, evitando aplicaciones innecesarias e incorporando métodos de control de plagas, enfermedades y malas hierbas no contaminantes, bien fueran métodos biológicos, biotécnicos o medidas culturales. Todo ello bajo la dirección de un técnico especializado en lucha integrada.
Hasta la constitución de las ATRIAs, solo los centros dedicados a la investigación y a la transferencia de conocimientos en sanidad vegetal llevaban a cabo trabajos para conocer la biología de las plagas, con la finalidad de establecer los momentos más oportunos para intervenir químicamente. Ya estaban disponibles en algunas regiones los boletines fitosanitarios editados por las estaciones de avisos agrícolas que se habían empezado a crear a partir de 1964. Estas publicaciones trasladaban esa información a los agricultores, aunque al estar basadas en pocos puntos de observación tenían que ser extrapoladas a áreas de grandes dimensiones. De esta manera, un número importante de agricultores empezaron entonces a racionalizar la lucha contra las plagas, aunque es indudable que, para muchos de ellos, los tratamientos “a calendario” o “por si acaso” eran una práctica muy habitual.
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