El cambio climático es hoy en día un hecho incuestionable, tal y como han puesto de manifiesto los informes científicos periódicos del Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC), que atribuyen sus causas al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, en particular de CO2. Para luchar contra el cambio climático, se ha llegado a un consenso sobre la necesidad de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en todas nuestras actividades, incluyendo la agricultura.
La mayoría de los países están de acuerdo en aplicar medidas e iniciativas que reduzcan las emisiones de GEI y frenen el desequilibrio que causamos en el ciclo natural del carbono. El Acuerdo de París (2015) y la más reciente cumbre del clima de Katowice (diciembre 2018) han sentado las últimas bases sobre objetivos a alcanzar y esfuerzos necesarios para conseguirlo. El Reglamento Europeo 842 de 2018 establece obligaciones mínimas por país de reducción de emisiones en agricultura y otras actividades, para alcanzar un nivel total inferior en un 30% al de 2005 (España, -26%).
La reforma de la Política Agraria Común incluye, asimismo, la reducción de emisiones entre sus tres áreas focales a partir de 2020, con el objetivo a medio plazo de alcanzar un escenario de cero emisiones de la agricultura.
La producción agraria y la industria alimentaria juegan un papel muy significativo, pues son responsables de una parte sustancial del total de emisiones GEI de la actividad humana si bien, al mismo tiempo, aseguran el suministro de nuestras necesidades de manutención y placer a través de la comida.
La cuantificación de las emisiones de GEI de todo el sistema agroalimentario español es el objetivo de un proyecto de investigación iniciado por la Real Academia de Ingeniería en colaboración con el CEIGRAM y la Universidad Politécnica de Madrid.
