Los agricultores españoles han sufrido en 2018-2019 una desastrosa campaña de producción de naranjas, a menudo vendidas a precios ruinosos, con amenazas para mantener la sanidad del cultivo en un marco regulatorio cada vez más estricto, mientras que crecen las importaciones procedentes de otras latitudes, como la República de Sudáfrica. Algunas organizaciones agrarias han recordado que esta situación es injusta, pues en los tratados fundacionales de la Unión Europea publicados en la década de los sesenta se establecía la preferencia comunitaria, acompañando a la unidad de mercado, con establecimiento de medidas protectoras frente a la competencia extracomunitaria.
En este contexto, la Política Agrícola Común (PAC) permitió unos impresionantes aumentos en la producción de alimentos, pero sus objetivos han venido siendo modulados para tener en cuenta otras cuestiones como el respeto al medio ambiente, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad o el cambio climático, entre otras.
Las oportunidades para fomentar el comercio son múltiples. Una de las recientes disposiciones que ilustra las interacciones entre los objetivos de la Comisión Europea es la iniciativa ‘Todo menos Armas’ (EBA es su acrónimo en inglés), por la que desde marzo de 2001 las exportaciones desde países en vías de desarrollo a la Unión Europea -que no incluyan armas- están exentas de impuestos y cuotas. El objetivo de la iniciativa EBA es loable, si bien hay países en vías de desarrollo con explotaciones muy competitivas que pueden hacer necesaria la actualización periódica de países y productos beneficiados. Es el caso de exportaciones de arroz desde Camboya y Myanmar (antes Birmania) publicadas recientemente.
