Sin lugar a dudas, el sector primario ha dado muestras más que contrastadas de su gran capacidad de adaptación a los continuos cambios legislativos relacionados con los medios de producción y su control, recibiendo a cambio unos precios más que ajustados, cuestión que condiciona la rentabilidad de sus producciones y crea un agravio comparativo frente a las comercializadas procedentes de otros continentes.
Sin lugar a dudas, el sector primario ha dado muestras más que contrastadas de su gran capacidad de adaptación a los continuos cambios legislativos relacionados con los medios de producción y su control, recibiendo a cambio unos precios más que ajustados, cuestión que condiciona la rentabilidad de sus producciones y crea un agravio comparativo frente a las comercializadas procedentes de otros continentes. Todo ello en un sistema productivo condicionado por la tremenda variabilidad de una campaña a otra debido a las condiciones climáticas, edafológicas, disponibilidad de agua, presencia de patógenos, etc.; y que nos demuestra que no hay dos campañas iguales. Estos cambios no solo condicionan el uso o limitación de los medios de producción, como es el caso de los productos fitosanitarios (mal llamados plaguicidas o pesticidas, porque no medicamentos de las plantas, tal y como ocurre en el sector ganadero), sino a los fertilizantes nitrogenados, estiércoles, purines e incluso la maquinaria agrícola, entre otras.
El verdadero cambio en los controles sobre el sector productor agrícola se produce con la aplicación de la normativa de residuos de productos fitosanitarios en la década de los noventa, siempre con el principal objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, y que supuso una verdadera catarsis en el uso de una herramienta imprescindible para los agricultores, a pesar de no haberse vivido ningún proceso de crisis alimentaria a nivel comunitario.
El Ministerio de Agricultura, junto con las Comunidades Autónomas, establecieron el instrumento de coordinación para el cumplimiento de estas exigencias comunitarias mediante la creación del Grupo Nacional de Trabajo de Residuos de Plaguicidas, estableciendo un Programa Nacional de Control; incluso asumiendo competencias que no le eran propias, en defensa del sector agrario.
