Las enfermedades, insectos y ácaros fitófagos, y malas hierbas inciden negativamente sobre la producción agrícola y forestal, originando conjunta y globalmente pérdidas del 32,9% al 42,0% de la cosecha media anual alcanzable en ocho cultivos relevantes para la alimentación y la industria (algodón, arroz, café, cebada, maíz, patata, soja, y trigo) que eran objeto de acciones para su control (Oerke y col., 1994; Oerke y Dehne, 2004; Oerke, 2006), y contribuyendo al 35% adicional de pérdidas que se originan durante el almacenamiento, transporte, procesado, comercialización y destrío del producto cosechado. Más recientemente se ha estimado que las pérdidas globales en las cosechas de arroz, maíz, patata, soja y trigo, ocasionadas en el año 2010 por solo cinco micosis vegetales (Necrosis de la panoja en arroz, Carbón del maíz, Mildiu de la patata, Roya de la soja y Roya negra del tallo del trigo), habrían bastado para alimentar al 8,5% de los 7.000 millones de personas que comprendían la población mundial en el año 2011 (Fisher y col., 2012). A dichos efectos negativos se suman la incidencia de las enfermedades sobre la salubridad de los productos cosechados contaminados por micotoxinas producidas por hongos patogénicos y no patogénicos en pre y post-cosecha (Nelson y col., 1993), y el recientemente demostrado papel de productos hortícolas de consumo en fresco como vectores de algunas bacterias y virus patógenos humanos (Barak y Schroeder, 2012). Evitar o limitar dichos efectos negativos constituye la razón de ser de las disciplinas científicas nucleares de la Sanidad Vegetal (i.e., Entomología Agrícola, Malherbología, Patología Vegetal); y desarrollar conocimientos, así como estrategias, medidas y medios de control para mejorar la eficiencia en alcanzar tal objetivo continúa siendo un reto para ellas.
A este reto se une la demanda social y legislativa de que dicho control se alcance mediante estrategias de Gestión Integrada (GI) (Directiva 2009/128/CE/ del Parlamento Europeo y del Consejo, traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre y el Plan de Acción Nacional por la Orden AAA/2809/2012, de 13 de diciembre) que, salvo contadas excepciones, debe ser reconocida de complejidad superior a la que suele ser percibida y necesitada de investigación, desarrollo y transferencia para su práctica eficiente (Zadoks, 2001; Pinstrup-Andersen, 2001).
