Las nuevas regulaciones comunitarias sobre fitosanitarios recientemente aprobadas por el Consejo Europeo tienen como objetivos principales reforzar la protección la salud humana y animal y del medio ambiente y salvaguardar la competitividad de la agricultura comunitaria. Si bien lo primero es posible que se consiga, sobre el segundo objetivo existen grandes dudas, pudiendo resultar traumáticas para la rentabilidad de explotaciones agrícolas y en particular para sectores tan vitales para la economía española como el sector hortofrutícola con un valor de las exportaciones que asciende 8.700 millones de euros, ocupando el quinto lugar entre los productos españoles exportados.
El paquete legislativo, que en un principio incluía propuestas mucho más preocupantes que las finalmente aprobadas, ha provocado una enorme preocupación en el sector productor. A nadie se le escapa que además de las dificultades que se presentan para mantener la sanidad de los cultivos al reducirse sustancialmente las posibilidades de actuación con alternativas químicas, la nueva reglamentación traerá consigo un incremento de los costes para la producción agrícola, por lo que las preocupaciones los agricultores y agricultoras ahora se centran en cómo repercutirá en la viabilidad de sus explotaciones.
La autorización de los productos fitosanitarios: bastantes preocupaciones
Con el nuevo Reglamento de comercialización de fitosanitarios han quedado establecidas las reglas para la autorización de nuevas sustancias activas (ss. aa) para los próximos quince años. Se profundiza en un camino que ya estaba trazado por el sistema de autorizaciones actual, que ha eliminado las dos terceras partes de materias activas y ha retirado numerosos usos. La reducción de sustancias con distinto modo de acción ya está dificultando el manejo de resistencias. Algunos cultivos ya están en situación crítica por falta de sustancias, como por ejemplo el arroz, algunas hortícolas o la variedad de pera "Blaquilla". El reglamento de LMR ha tenido efectos colaterales ampliando la retirada de usos. Pero lo que resulta bastante incomprensible para los agricultores es que a la vez fueron eliminadas (no defendidas) muchas ss.aa al margen de su nocividad por intereses económicos de la industria cuando tenían una buena relación precio/eficacia, con la consiguiente repercusión en los precios de los productos fitosanitarios (pp.ff).
Al establecerse un filtro previo más exigente para autorizar una ss.aa en función de su peligrosidad potencial a la industria le será más difícil y más costoso conseguir nuevas moléculas más seguras. Se prevé que unas 22 sustancias actualmente autorizadas se verán afectadas directamente a lo largo de los próximos diez años y su número puede aumentar en función de los criterios que se establezcan para clasificar las ss.aa con efecto disrruptor endocrino. Además aparecen las sustancias candidatas a sustituir a las cuales se las someterá a una evaluación comparativa si existe un producto con efecto similar pero menos peligroso, lo que también puede contribuir a la retirada o reducción temporal de las autorizaciones. Aunque en contrapartida las ss.aa preocupantes que no tengan alternativas podrán disfrutar de una prórroga de cinco años y nos permirtirá cierto margen de actuación en situaciones críticas.
Aunque se va acelerar el actual sistema de evaluación de ss.aa, no dejará de ser complejo y costoso y sólo grandes compañías podrán seguir afrontándolo, afianzando su dominio del mercado e impulsando un mayor grado de concentración del sector industrial. También se ha logrado mayor armonización para la autorización de productos fitosanitarios con la autorización zonal y recono- cimiento mutuo pero es de esperar que nos encontremos en un principio con problemas para poner en marcha el nuevo sistema de reconocimiento mutuo de vital importancia para los cultivos menores del mediterráneo y no consigamos los resultados esperados.
Los procedimientos simplificados para las ss.aa de bajo riesgo y las autorizaciones provisionales podrán resolver algunos problemas aunque la necesidad de registro de LMR no permitirá la agilidad necesaria que requieren solventar a tiempo situaciones críticas. Los problemas que ya se están dando en algunos cultivos mediterráneos tenderán a agravarse y será de vital importancia que sean efectivas las nuevas disposiciones para dar mayores facilidades para el registro de productos para los cultivos menores.
Un Plan de Acción consensuado con los agricultores
El panorama descrito no permite demasiado optimismo a los agricultores que actualmente están castigados por la crisis económica y "machacados" por el incremento de los costes de producción y las bajas cotizaciones de sus productos en los mercados cada vez más competitivos. Asimismo los efectos de la crisis económica y la reducción de los presupuestos ministeriales para los próximos años no ayudarán a conseguir los recursos necesarios para implementar programas de investigación así como las diversas actuaciones a las que obliga la Directiva para el Uso Sostenible de los Plaguicidas. También disminuirán las posibilidades de paliar la falta de recursos humanos que lleva provocando un acusado retraso en la autorización de nuevos productos formulados y de nuevos usos, aunque a lo mejor resulta un acicate para corregir las deficiencias de coordinación actuales entre las administraciones competentes.
Será necesario a partir de ahora estrechar la colaboración entre el MARM, las CC.AA y el sector productor contando con la colaboración de la industria para afrontar de una manera realista los problemas más urgentes. El informe elaborado por el MARM sobre el impacto del nuevo reglamento tiene el valor de una primera aproximación a los problemas de disponibilidad de ss.aa los distintos cultivos y a partir de un análisis con más detalle con las organizaciones agrarias y otros actores implicados se debería establecer y priorizar las actuaciones que sean necesarias e integrarlas en el Plan Nacional de Acción que estable la Directiva para el Uso Sostenible de los Plaguicidas.
Hay que considerar como prioritario tener la suficiente disponibilidad de pp.ff para poder actuar contra las plagas y enfermedades vegetales y a vez evitar la aparición de resistencias y uno +de los objetivos a conseguir sería disponer en todo momento de al menos tres ss.aa con distinto modo de acción para cada problema fitosanitario considerado crítico para la viabilidad de cada cultivo.
A pesar de que con estas condiciones no será nada fácil mantener la sanidad vegetal de los cultivos en niveles aceptables hay razones para tener esperanzas y afrontar un cambio que obligará a un enfoque más holístico para afrontar los problemas fitosanitarios y que requerirá la combinación de un conjunto diverso de actuaciones técnicas y de la aplicación del control integrado de plagas; para ello es vital reforzar la formación y la profesionalización de los agricultores y disponer de servicios de asesoramiento técnico independientes y de calidad. El Programa Nacional de Acción debe ser una pieza clave para integrar las actuaciones que nos permitan dar pasos paulatinos para este cambio sin que resulten traumáticos.
Por diversas razones, un creciente número de agricultores ya llevan dando pasos encaminados a la práctica de una agricultura menos dependiente de los pp.ff desde hace un tiempo, con la aplicación de los requisitos de la condicionalidad de la PAC, entre los que se incluye el respeto de buenas prácticas de aplicación de pp.ff, asimismo de forma voluntaria o no tan voluntaria por las exigencias de la gran distribución, en determinados sectores se han dado los primeros pasos para el cambio y el ejemplo lo tenemos en el sector hortofrutícola, espoleado por las exigencias de los mercados. Ahí están los ejemplos como el programa "agricultura limpia" en Murcia iniciado en el año 2005, existiendo en la actualidad 20.000 hectáreas en producción integrada. o el programa andaluz "compromiso verde" que ha conseguido superar las mejores expectativas con 12.000 hectáreas en producción integrada y aplicando técnicas de control biológico en hortalizas de invernadero para el control de plagas.
Los agricultores están dispuestos a utilizar métodos no químicos de protección de los cultivos pero se necesita un compromiso claro de apoyo de la administración, porque las nuevas alternativas técnicas son más caras o disminuyen la productividad de los cultivos o también pueden obligar a los agricultores a adoptar estrategias productivas que sean negativas desde el punto de vista comercial.
La investigación debe jugar un papel importante en la búsqueda de soluciones que sean viables desde el punto de vista social, económico y medioambiental y para ello se deben reforzar o reconducir si son necesario los programas en curso, para priorizar proyectos que ayuden a paliar el impacto de las nuevas regulaciones comunitarias. Los nuevos programas deberían fijar como prioritarios proyectos que busque alternativas no químicas para la protección de los cultivos y los que mejoren a la aplicación de técnicas de control integrado de plagas. Asimismo no deben perderse de vista las investigaciones en mejora genética de variedades vegetales, el desarrollo de métodos biotecnológicos (no de variedades transgénicas) y la mejora de sistemas y maquinaria de aplicación.
Es fundamental que los agricultores y los técnicos tengan mayores medios en el día a día y en este sentido el papel clave de las ATRIAS y las ADV debe de ser reforzado estableciendo medidas para su fomento y para garantizar un asesoramiento técnico imparcial para los agricultores. Las administraciones competentes deben establecer los medios para desarrollar modelos de prevención y diseñar herramientas para la toma de decisiones para que con la ayuda de la informática y las nuevas tecnologías de la comunicación se puedan optimizar los criterios de intervención.
Con la obligación de fomentar la gestión integrada de plagas, la Directiva para el Uso Sostenible de los Plaguicidas, establece la necesidad de los agricultores tengan aplicar la gestión integrada de plagas a partir del año 2014 y para ello los Estados miembros podrán establecer incentivos para que los agricultores apliquen estándares específicos de forma voluntaria. Para cumplir con esta recomendación, las medidas agroambientales a la Producción Integrada (PI) y otras que pudieran establecerse en el primer pilar de la PAC deben seguir pudiendo aplicarse y en todo caso reforzarse y contribuir a una mayor implantación de estos sistemas en todos los sectores agrícolas. Una norma de PI europea podría ayudar a su mayor extensión y mejorar el conocimiento por los consumidores.
La agricultura ecológica también se propone como ejemplo en el marco de las técnicas que reduzcan la dependencia del uso los plaguicidas y no se deberían escatimar esfuerzos en su fomento y seguir apoyándola por medio de las medidas agroambientales y en los programas específicos establecidos en el marco de la PAC.
En conclusión, si las administraciones competentes no se toman en serio los desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años, los efectos para la agricultura española pueden ser bastantes negativos, pero existen plazos para poder actuar y reconducir situaciones a tiempo si nos lo proponemos. La práctica de una agricultura respetuosa con el medio ambiente con mayores costes y limitaciones para producir cosechas seguras en cantidad y calidad suficiente se debe conseguir sin perder nunca de vista la situación del sector agrario y las repercusiones sociales económicas y medioambientales para los agricultores y agricultoras.
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